En la inauguración del XI Taller Nacional sobre el sistema de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones en libertad, en esta capital, el titular explicó que varios organismos, organizaciones y comunidades trabajan de conjunto para la reinserción de los sancionados a la sociedad.
Remigio dio a conocer que al cierre de octubre de este año fueron procesadas alrededor de 40 mil personas, de ellas el 56,5 por ciento egresaron de establecimientos penitenciarios.
Los tribunales provinciales populares con mayores cifras pertenecen a La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Camagüey.
Por su parte, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular Marisela Sosa explicó que la Constitución de la República, aprobada en 2019, reconoció la voluntad del Estado en favorecer en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad y las que cumplen otros tipos de medidas impuestas por los tribunales.
La reforma judicial en el país, señaló, amplía las garantías de los sancionados en el ámbito del empleo, el estudio, así como sus derechos y deberes que extinguen en condiciones de libertad. Destacó que la ejecución de las sanciones en la isla se rige por los principios de legalidad, humanismo, igualdad, derecho a la defensa, tutela judicial y acceso a la justicia.
Apuntó que fueron incorporadas nuevas sanciones alternativas como la reclusión domiciliaria y el servicio en beneficio de la comunidad.
Asimismo, se fortaleció el papel coordinador del tribunal y su vínculo con los órganos locales del Poder Popular (gobierno), grupos de prevención y asistencia social entre otras instituciones.
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