Durante una comparecencia en la televisión cubana el coronel del Ministerio del Interior Víctor Álvarez, segundo jefe del órgano Especializado de la dirección de investigación criminal de ese cuerpo, dijo que se veló por el cumplimiento de las garantías procesales de los imputados en el hecho.
Añadió que la investigación penal se encuentra en fase adelantada para su conclusión y ya se radicó un expediente en fase preparatoria para aplicar lo establecido en la ley cubana para este tipo de delitos.
Álvarez señaló que además del esclarecimiento de los hechos, la investigación permitió identificar los integrantes de la red de tráfico de personas implicada en el hecho, compuesta por residentes en Estados Unidos, con antecedentes penales en Cuba relacionados con la trata de personas.
Durante el programa especial se transmitió el testimonio de uno de los imputados, Luis Manuel Borges, residente en Estados Unidos, quien se encontraba al volante de la embarcación en el momento que se produce el accidente y su hundimiento.
Borges escapó del lugar a nado, llegó a la costa cubana y se escondió en las montañas hasta que fue detenido por las autoridades mientras planeaba otra salida ilegal por la misma zona de Bahía Honda.
En sus palabras, el imputado reconoció que un desperfecto en los motores de su embarcación provocó que durante la persecución hiciera un giro brusco a la izquierda, momento en el que se produjo un golpe con la lancha guardafrontera.
Borges, quien ya tenía una acusación en ausencia por la organización de una operación de tráfico de personas desde Cuba, subrayó que la persecución marítima se desarrollaba como en cualquier parte del mundo, pero el desperfecto en el motor de su bote provocó que se atravesara en el camino de la embarcación de las autoridades cubanas.
El pasado 28 de octubre, en aguas cercanas al municipio de Bahía Honda, provincia de Artemisa, en el Occidente de Cuba, se produjo una colisión entre una lancha de las tropas guardafronteras y otra procedente de Estados Unidos que realizaba una operación de tráfico ilegal de personas con 26 tripulantes, siete de los cuales fallecieron.
Las autoridades cubanas desarrollaron un proceso de investigación, el cual evidenció que no existen pruebas de que hubiese acciones deliberadas o de un impacto intencionado de la embarcación cubana sobre la nave infractora.
jha/jfs
