Promovida por el presidente Emmanuel Macron, la nueva Convención Ciudadana, un procedimiento similar al que abordó el asunto del cambio climático en 2020, es acogida por el Consejo Económico, Social y Ambiental, con la primera sesión prevista del viernes al domingo.
El objetivo es que los participantes propongan el camino a seguir en torno a la cuestión de marras, respondiendo a una pregunta de la primera ministra Elisabeth Borne: “¿Se adapta el marco de apoyo al final de la vida a las diferentes situaciones encontradas o se deben introducir cambios?”.
La intención es que los debates duren cuatro meses, en aras de entregar un reporte al gobierno antes de que termine marzo del 2023.
En Francia existen instrumentos legales como la ley Claeys-Leonetti (2016), la cual prohíbe la eutanasia (intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura) y el suicidio asistido (facilitar a una persona en fase terminal los medios para que cause su propia muerte).
Esta norma sí permite la “sedación profunda y continua hasta el deceso”, para seres humanos bajo un sufrimiento terrible y con un pronóstico de fallecimiento a corto plazo.
Las posturas en Francia son encontradas, con un sector de la población favorable y otro renuente a la eutanasia, aunque recientes casos han conmovido a la opinión pública, como el de Pascal y Guy, quienes emprendieron en agosto un último viaje juntos desde el sur del país hasta Bélgica, donde el segundo se acogió a la eutanasia.
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