El bloque comunitario “no financia el proyecto de Transformación Educativa, ni decide el contenido de la malla curricular del sistema público educativo”, expresa un comunicado circulado por el Equipo de Prensa e Información de la Delegación de la UE en la nación austral.
Las aclaraciones del ente europeo ocurren en medio de un proyecto a debate en el Senado sobre la posible suspensión de la ley que protege dicha cooperación, que ya cuenta con media norma de la Cámara de Diputados, y responden al rechazo de algunos sectores contra esa ayuda foránea.
Los fondos que el organismo europeo destina al sector educativo paraguayo “son no reembolsables y no condicionados”, ni “tampoco incluye la ideología de género” precisa el comunicado.
“Lamentamos el menoscabo –expresa el comunicado europeo- que una derogación unilateral del Convenio Financiero ocasionaría en las relaciones entre la UE y Paraguay, que llevan 30 años de amistad y cooperación continuada”.
Por su parte, la Cancillería local llamó a respetar la vigencia del convenio, acordado entre ambas partes y cuya derogación estudia el Senado, pese a que apoya al denominado plan nacional de Transformación Educativa.
Una declaración de esa cartera expresa su preocupación por el Proyecto de Ley en estudio por el Legislativo contra lo que califica de “un tratado internacional vigente, firmado, aprobado y debidamente ratificado conforme a lo dispuesto por los mandatos constitucionales”.
El Gobierno alertó días atrás que el fin de esa ayuda de la UE al sector educacional paraguayo, de triunfar la propuesta parlamentaria de renunciar a ella, afectaría a unos 75 mil estudiantes.
Según el director de administración del Ministerio de Educación y Ciencias, Óscar Stark, también 47 mil bachilleres quedarían sin kits escolares y sin vauchers para sus estudios científicos, de faltar ese respaldo europeo.
El presidente Mario Abdo Benítez adelantó que vetará la ley, al caracterizar de “irresponsable” la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto contra el apoyo de la UE para el desarrollo del plan nacional de transformación educativa.
La autoridad consideró una “falta de madurez” el rechazo a 38 millones de euros de cooperación no reembolsable para la formación educacional y atribuyó esa decisión a «una campaña de manipulación con fines electorales».
Grupos de padres protagonizaron en las últimas semanas varias marchas convocadas por la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia “en defensa de la patria potestad, la educación y la soberanía docente”.
También varias organizaciones y familiares de los educandos rechazan las donaciones foráneas con imposiciones que, afirman, atentan contra la integridad física, psíquica y espiritual de los niños.
La posición contra la ayuda de la UE y otras entidades extranjeras al sector educacional es impugnada, además, por varios gremios de docentes, que exigen reiniciar el proceso de mejoramiento educativo apegado a las leyes y a la Constitución.
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