Esta semana el Gobierno promulgó la ley Antonia, que tipifica como delito el suicidio femicida y protege los derechos de las víctimas de agresiones sexuales y sus familias.
La normativa lleva el nombre de Antonia Barra, una joven de 21 años residente en Temuco que el 12 de octubre de 2019 se quitó la vida después de haber sido violada.
Esta iniciativa, impulsada por sus parientes, establece penas de prisión para la persona que cause el suicidio de una mujer por hechos previos de violencia de género.
“Las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex parejas o de cualquier otra persona. Y cuando existen agresiones de este tipo, es la sociedad en conjunto la que ha fallado y particularmente el Estado y sus instituciones”, dijo el presidente chileno, Gabriel Boric, al promulgar la ley.
En paralelo a su divulgación, el gobierno anunció un paquete de indicaciones al proyecto, el cual establece un régimen de protección y reparación integral a las familias.
Establecer una pensión para los hijos de las víctimas de femicidios consumados, forma parte de estas medidas.
“He visto casos dramáticos de niños que quedan en el absoluto abandono y desprotección porque su madre ha sido asesinada y su padre es un femicida”, dijo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
Para condenar la violencia de género, el 2 de marzo de 2020 se aprobó la ley Gabriela, que califica como femicidio el asesinato de una mujer por su pareja o expareja, independientemente de si han tenido convivencia o no.
La normativa establece sanciones que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.
Esta legislación se adoptó en homenaje a la joven Gabriela Alcaíno, asesinada en julio de 2018 junto a su madre, por su exnovio.
El culpable del doble homicidio, Fabián Cáceres, fue condenado a presidio perpetuo por el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
Otra iniciativa con nombre de mujer en Chile es la legislación Emilia, vigente desde el 17 de septiembre de 2014, la cual establece sanciones más duras para quienes manejen en estado de ebriedad y provoquen un accidente.
Su nombre hace referencia a la menor Emilia Silva, quien falleció a los nueve meses de edad, en el auto que manejaban sus padres, a causa del impacto por un chofer alcoholizado.
Esta iniciativa legal modificó la ley Tolerancia Cero y tipificó como delitos huir del lugar luego de causar un accidente y negarse a realizar el test de alcoholemia, a la vez que incrementa las penas de cárcel para quienes provoquen accidentes en estado de ebriedad, con mayores sanciones para los conductores profesionales.
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