En su cuenta en esa red social, el canciller señaló que los llamados Twitter Files, documentos filtrados a periodistas sobre los manejos de esa empresa, demuestran que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono y el Departamento de Estado coordinaban dichas actividades.
A la par, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) pagaba a la compañía para que respondiera a sus solicitudes, añadió.
Entre los blancos de esas acciones estaban usuarios cubanos, apuntó Rodríguez, quien en otro mensaje comentó que el editor de Substack, Matt Taibbi, reveló que en las largas listas de cuentas que recibió Twitter con indicaciones de censura había cubanos, “marcados para moderación o ejecución digital”.
El editor igualmente dio a conocer que Washington estuvo en contacto constante no solo con la empresa, sino con prácticamente todas las compañías tecnológicas importantes, entre ellas Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit e incluso Pinterest, agregó el canciller.
El ministro cubano aprovechó las nuevas evidencias para reiterar la denuncia que hiciera ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 3 de noviembre y demandó respuestas sobre el particular.
Entonces Rodríguez refirió que el gobierno estadounidense destina decenas de millones de dólares del presupuesto federal y fondos encubiertos, y recluta a instituciones gubernamentales y empresas privadas para financiar a los operadores políticos que ejecutan campañas de desinformación, odio y desestabilización en las redes digitales contra Cuba.
En tal sentido, recordó que el pasado 24 de octubre Twitter y Meta (Facebook), que ahora tiene entre sus principales directivos a quien fuera jefe de campaña de un senador republicano anticubano; desplegaron, en simultáneo, acciones de censura contra medios públicos y usuarios cubanos.
Como parte de esas acciones etiquetaron a varias publicaciones como vinculadas al gobierno cubano, de manera que limitaron sus alcances en las redes y eliminaron cuentas críticas de las operaciones desestabilizadoras contra la nación caribeña.
“Fue una acción selectiva, coordinada, que viola el derecho a la libre expresión de los cubanos y que expresa la subordinación de estas empresas a los arbitrios de los políticos estadounidenses”, subrayó.
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