De acuerdo con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, un grupo de parlamentarios, tanto de la oposición como del oficialismo, propuso formalmente la posibilidad de crear un establecimiento penitenciario para personas que cumplen condena y son parte de ese pueblo autóctono.
El diputado de La Araucanía, Andrés Jouannet, uno de los promotores, justificó la medida con la necesidad de que los indígenas puedan cumplir su sanción en un contexto vinculado a su cultura.
“Hoy día es algo que estamos estudiando a solicitud de los parlamentarios”, confirmó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y precisó que se está analizando de acuerdo con la normativa nacional e internacional si esto es posible.
Interrogado sobre el tema el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, consideró que la creación de esa cárcel es una aplicación equivocada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.
Huilcaman llamó al presidente de Chile, Gabriel Boric, a resolver el conflicto y no mitigarlo instaurando prisiones en territorio mapuche.
En opinión del portavoz de las comunidades autóctonas, establecer un sistema carcelario para los indígenas, por un lado, tiene un carácter segregacionista y por el otro, ayudaría a omitir la deuda histórica con los mapuches.
Huilcaman exhortó al Gobierno a hacer los esfuerzos para resolver las causas del conflicto entre el Estado chileno y ese pueblo.
“Nosotros no queremos más cárceles acá, no queremos más presos políticos. Luchamos por nuestra libertad y por la restitución de nuestros territorios”, declaró el lonko (jefe indígena) Alberto Curamil.
Con poco más de un millón 745 mil habitantes, la comunidad originaria mapuche es la más numerosa de Chile y desde hace décadas reclama la devolución de tierras ancestrales ocupadas por el Estado a fines del siglo XIX y que ahora están en manos de empresas forestales y agrícolas.
De acuerdo con la parlamentaria de esa etnia Ericka Ñanco, para llevar a cabo la idea de crear una cárcel exclusiva para mapuches, es indispensable realizar procesos de consulta primero con las comunidades y también con los familiares de quienes hoy día están privados de libertad.
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