Por Ania Terrero
Redacción de Economía
Según el especialista de la Dirección de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Daniel Torralbas, las normas jurídicas aprobadas en septiembre de 2021 crearon nuevas formas productivas pero también adecuaron otras a su naturaleza real. Desde aquel momento hasta la actualidad, se aprobaron cinco mil 985 nuevos actores, de los cuales cinco mil 854 son micro, pequeñas y medianas empresas -mipymes- privadas, 72 estatales y 59 cooperativas no agropecuarias (CNA). Además, se perfeccionó el funcionamiento de los trabajadores por cuenta propia (TCP).
“Se trató de llamar a las cosas por su nombre, porque teníamos TCP con cientos de empleados que no eran considerados empresas, ni contaban con las ventajas asociadas a la personalidad jurídica”, detalló Torralbas a Prensa Latina.
Con él coincidió la investigadora y coordinadora de la Red de Emprendimiento de la Universidad de La Habana, Ileana Díaz, al explicar cómo muchas de estas mipymes ya funcionaban como empresas antes de ser consideradas como tales.
En el caso de las mipymes privadas, el especialista del MEP identificó como ventajas que ofrecen más seguridad pues sus operaciones son bancarizadas, lo que permite ordenar la economía y rendir cuenta del funcionamiento.
Esto, unido a facilidades para la contratación desde las empresas estatales y la petición de créditos pues ya no contraen deudas como personas naturales.
Díaz, por su parte, consideró que aún es pronto para evaluar los aportes concretos pero entre sus potencialidades se encuentra que son pequeños y, por tanto, flexibles, resilientes, más dados a adaptarse.
Desde una perspectiva macroeconómica, pueden convertirse en fuente de empleo, contribuir a la producción de bienes y servicios, y encadenarse entre ellos y con la empresa estatal, agregó.
La decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Silvia Odriozola, argumentó que, en ese camino, pueden ampliar la oferta o asumir etapas específicas del proceso productivo como la transportación.
Además, abren oportunidades de ingresos legítimos para que las personas, sobre todo los jóvenes, encuentren proyectos de vida individuales en este país, creen nuevos empleos y reduzcan el trabajo informal, que a la larga significa más protección laboral, añadió.
Con esas características como punto de partida, Torralbas consideró que al cierre de 2022 comienzan a notarse los resultados de la medida: poco a poco se diversifica el país, sus producciones y servicios, lo que puede contribuir a acelerar la recuperación de la economía.
Si antes los TCP se concentraban en la gastronomía, el transporte y la construcción, ahora las mipymes ganan terrenos ahí, pero también en sectores como la industria manufacturera, la informática, las fuentes renovables de energía y la producción de alimentos, argumentó.
“Se desarrollan en campos con más valor agregado y eso era necesario, porque si queremos transformar la matriz productiva del país, había que abrir esa posibilidad para todas estas actividades”, insistió el especialista del MEP.
Hay actividades que no destacan por su cantidad, pero sí por su valor cualitativo: los que deciden reciclar, los que apuestan por las fuentes renovables de energía, las mipymes de lavandería y otras de cuidados a ancianos y personas en situación de discapacidad que, con el enfoque adecuado, pueden contribuir a cerrar brechas de género, enumeró.
LAS VALLAS EN EL CAMINO
Desde la perspectiva de Ileana Díaz, para que las potencialidades de los nuevos actores económicos se concreten, deben cumplirse otros procesos: no solo es necesario aprobar las nuevas formas, sino también trabajar con ellas desde un enfoque estratégico que planifique en qué sectores pueden ser más útiles.
Torralbas reconoció que aún persisten muchos desafíos para su integración orgánica al tejido socioeconómico, entre ellos, los relacionados con las resistencias subjetivas en el sector estatal, las complejidades de la situación económica y la dualidad cambiaria.
El especialista del MEP identificó algunos otros retos: estudiar cómo medir el impacto de los nuevos actores, diseñar espacios para que accedan al mercado de divisas, emitir procedimientos nuevos, acortar trámites burocráticos y trazar políticas públicas para su internacionalización, entre otros.
Precisamente lo relacionado con el acceso a divisas fue marcado por Díaz como el principal conflicto que enfrentan actualmente estas formas productivas: “porque sin ellas no pueden hacer nada: ni importar, ni comprar insumos. Incluso, se les dificulta la exportación”.
Otra problemática identificada por actores económicos e investigadores tiene que ver con los elevados impuestos para las mipymes: actualmente, al 10 por ciento sobre la venta de cualquier producto se suma el 35 por ciento sobre las utilidades.
Según Odriozola, por esa aspiración de poner a todos los actores en igualdad de condiciones, definieron el mismo porcentaje de las empresas estatales para las nuevas mipymes, pero estos tributos pueden ser contraproducentes con el diseño pensado.
Para la decana, la igualdad de condiciones se alcanza cuando tienes puntos de partida similares. Cuando las escalas productivas son distintas, no se puede esperar que normas iguales impliquen condiciones similares. A la larga generará más diferenciación, insistió.
Al respecto, Torralbas explicó que el diseño se hizo a partir de estimaciones pero ese es un tema que se puede evaluar y mientras, diseñar incentivos fiscales para aquellas actividades que el gobierno quiera priorizar.
Entre otros desafíos, Díaz refirió la falta de capacitación y asesoría, las limitaciones a determinados sectores y las dificultades para importar y exportar, arrendar espacios y vehículos, así como para acceder a opciones diversificadas de financiamiento.
“Los créditos en general son un tema pendiente, incluso en CUP, porque el banco muchas veces exige garantías insostenibles”, indicó. Además, no se apuesta por otras alternativas como los fondos presupuestados.
Sobre este tema, Torralbas comentó que se crearon dos instituciones financieras no bancarias -la Financiera de Microcréditos S.A. y la Financiera Iberoamericana S.A.- para brindar servicios especializados a las nuevas formas productivas.
Al principio hubo obstáculos para el otorgamiento de créditos, relacionados sobre todo con garantías muy restrictivas para mipymes y CNA pero ya al menos se otorgaron al menos siete, apuntó.
NUEVOS HILOS EN EL TEJIDO, ¿HACIA DÓNDE VAN? A las puertas de 2023, una pregunta importante tiene que ver con el futuro a mediano y largo plazo de todas estas formas productivas que ya cumplen un año de creadas o convertidas y comienzan a pagar sus primeros impuestos.
Para Díaz, resulta fundamental diseñar un sistema de monitoreo que permita conocer qué va a pasar con cada una de ellas, si triunfan, si se quedan por el camino y qué mediaciones influirán en cada caso.
“Algunas van a morir: no es un problema de Cuba, es un conflicto del mundo donde mueren un 40 por ciento de las mipymes. Aquí probablemente desaparecerán más, porque tienen muchas condiciones adversas. El ecosistema empresarial del país aún está diseñado para empresas estatales”, valoró.
No obstante, Torralbas insistió que a largo plazo el objetivo sigue siendo la consolidación como sectores estratégicos y el encadenamiento con la empresa socialista, como parte de un plan de la economía que contribuya a mejorar la calidad de vida en la isla.
Será imprescindible entonces acortar la brecha entre mipymes y CNA, desmontar prejuicios construidos durante años entre funcionarios y empresarios estatales, articular mecanismos para la responsabilidad social también a nivel local, potenciar el comercio exterior y la inversión extranjera, e incorporar a más mujeres y jóvenes entre sus protagonistas.
Los desafíos están sobre la mesa.
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