Una nota circulada por esa sede diplomática señala que la aprehensión de Camacho el 28 de diciembre último fue ejecutada en cumplimiento de la orden emitida por la Fiscalía de departamento de La Paz en octubre de 2022 en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”.
Recuerda que el proceso se inició en diciembre de 2020 y que de octubre de 2021 a igual mes de 2022 el funcionario eludió al menos en cuatro ocasiones las citaciones para que acudiera a declarar sobre el proceso, del cual tenía pleno conocimiento.
Añade la nota que ante las reiteradas inasistencias a las convocatorias el Ministerio Público, a tono con lo dispuesto en el Código de Procesamiento Penal, emitió un mandamiento de aprehensión para que prestara declaración y por ello Camacho fue trasladado a La Paz, donde radica el proceso penal, y se acogió al derecho de guardar silencio.
El texto explica que el 30 de noviembre último el juez octavo de instrucción en lo penal cautelar dictó cuatro meses de prisión preventiva para Camacho, que este debe cumplir en el penal de Chonchocoro, ubicado en La Paz.
Asegura la nota que desde el inicio del proceso se han resguardado todas las garantías constitucionales y que en la capital boliviana tanto la familia como los médicos que atienden al detenido participaron en la junta médica realizada el 31 de diciembre.
El texto de la sede diplomática considera una grave intromisión en la independencia judicial los delitos contra instalaciones y la seguridad de funcionarios públicos en la ciudad de Santa Cruz tras la detención de Luis Fernando Camacho.
Entre otros hechos enumera el secuestro y tortura de un abogado del Servicio de Impuestos Nacionales, los daños al edificio de la Fiscalía Departamental, los Tribunales de Justicia y la residencia del ministro de Obras Públicas y ataques permanentes a la Policía Nacional.
Al respecto la nota señala “la necesidad de que la independencia judicial no sea afectada por acciones externas que impidan su trabajo”.
Recuerda además que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que todos los hechos ocurridos de septiembre a diciembre de 2019 sean investigados y es ese el compromiso internacional que ahora cumple la justicia boliviana.
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