Juan J. Paz-y-Miño Cepeda*, colaborador de Prensa Latina
Hemos conmemorado en los recientes y sucesivos años, el bicentenario de los procesos independentistas latinoamericanos. La ruptura con el colonialismo marcó las décadas iniciales del siglo XIX.
Lograda la liberación de México y de los otros países centroamericanos, el 24 de junio de 1823, el “Congreso General de las Provincias Centroamericanas”, realizado en Guatemala, dio el primer paso para constituir la República Federal de Centroamérica (1824-1839), integrada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (temporalmente el Estado mexicano de Chiapas).
El mismo año en Cuba, la logia masónica “Soles y Rayos de Bolívar”, entre cuyos dirigentes estuvieron los cubanos José Francisco Lemus y José María Heredia, mientras se forjaron lazos y contactos con el neogranadino José Fernández Madrid, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, el peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre y el rioplatense José Antonio de Miralla, buscó el apoyo de Simón Bolívar y de la Gran Colombia, para lograr la independencia de Cuba y constituir la República de Cubanacán, aunque la conspiración no logró su objetivo.
El 13 de diciembre de 1823 falleció el célebre prócer colombiano Antonio Nariño, traductor y difusor de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamados por la Revolución Francesa y que guiaron la ilustración hispanoamericana. Y tiene enorme repercusión, por su inevitable naturaleza intervencionista y expansionista, la “Doctrina Monroe” proclamada por el presidente norteamericano James Monroe el 2 de diciembre de 1823, resumida en la frase América es para los americanos.
De otra parte, los centenarios identificados con el año 1923 tuvieron otros alcances. El mundo vivía la era imperialista y los EE.UU. consolidaron el expansionismo y el intervencionismo, para constituirse en la primera potencia mundial. Si bien en 1890 se realizó la I Conferencia Interamericana, fue en 1910 cuando quedó constituida formalmente la “Unión Panamericana” (antecesora de la OEA), con el Secretario de Estado de los EE.UU. como su presidente permanente.
Entre marzo y mayo de 1923 se realizó la V Conferencia Panamericana en Santiago de Chile, en la cual participaron 15 países, aunque no estuvieron Bolivia, México y Perú. La ausencia de Bolivia y Perú se debió a la negativa anticipada por Chile para tratar el tema de la anexión de Tacna y Arica, derivado de la Guerra del Pacífico (1879-1884) y que se mantuvo por décadas sin solución.
La cuestión de México tenía una complejidad aún mayor: la Revolución de 1910 fundamentó el nacionalismo mexicano, su reformismo popular y la acción social del Estado, todo lo cual quedó expresado en la Constitución de 1917, pionera en América Latina. Las políticas nacionalistas sobre recursos naturales, así como bienes y servicios públicos consagrados en la Constitución afectaron los intereses capitalistas estadounidenses principalmente en las áreas de hidrocarburos y minas. Fue la razón de fondo para que EE.UU. no reconociera al gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) y que, por tanto, no participara en la V Conferencia. La situación solo cambió meses más tarde, cuando Obregón reconoció (Tratado de Bucareli) el pago por expropiaciones de tierras a los estadounidenses, así como el mantenimiento de las concesiones petroleras anteriores a 1917. Sin embargo, durante la V Conferencia se produjo un ambiente inesperado, ya que mientras los EE.UU. persistieron en el apego absoluto a la Doctrina Monroe, los delegados finalmente adoptaron una resolución según la cual los representantes de los gobiernos latinoamericanos no requerían ser reconocidos por el gobierno en Washington para asistir a las conferencias Panamericanas. En 1923 hubo otros acontecimientos referentes a las vidas internas de los países. En Panamá, Clara González creó el primer “Partido Nacional Feminista”; en Cuba, Julio Antonio Mella inauguró la “Universidad Obrera José Martí”; en Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre se opuso activamente a la consagración oficial del país al Corazón de Jesús, convertida en instrumento para perpetuar el régimen de Augusto Leguía, altamente combatido por los estudiantes y obreros; además, José Carlos Mariátegui regresó de Europa y asumió la dirección de la revista “Claridad” fundada por Haya de la Torre, quien tuvo que exiliarse en México.
También, desde la perspectiva económica, en 1923 Colombia (con la Misión Kemmerer) inauguró el Banco de la República (banco central) bajo el modelo de la Reserva Federal de los EE.UU.; en Chile se creó el impuesto a la renta; en Cuba se dictó la “Ley Tarafa”, que autorizó una compañía nacional, pero bajo el monopolio ferroviario en beneficio de tres empresas privadas. Cada país tiene más que ofrecer sobre acontecimientos que ahora son centenarios y que es imposible resumir en este artículo.
Pero también en 1923 se produjeron otros hechos de especial significación centenaria: el 20 de julio en Chihuahua, México, fue asesinado José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo de Francisco “Pancho” Villa, líder popular-rural que formó parte vital de la Revolución Mexicana y que ha merecido numerosos estudios.
Por su parte, en América del Sur la hegemonía del gamonalismo penetró al siglo XX en los países andinos de Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país, hubo frecuentes rebeliones indígenas contra el dominio gamonal y en 1923 Carlos Condori (Condorena) Yujara, líder indígena (y héroe nacional), fue proclamado por los campesinos presidente de la República Aymara-Tawantinsuyana del Perú, bajo una visión milenarista, que pretendía la restauración del poder comunitario con el exterminio de la raza blanca. La represión, por tanto, fue implacable, ocasionando la muerte de unos dos mil indígenas.
En Bolivia, durante junio del mismo año, los mineros de Uncía fundaron la “Federación Obrera Central de Uncía” (FOCU) y lanzaron una huelga general contra las compañías mineras del estaño. Los dirigentes fueron arrestados, al mismo tiempo que la cruenta represión produjo una masacre de trabajadores.
En Ecuador, la época plutocrática implicó la subordinación del Estado a una elite de agroexportadores, comerciantes y sobre todo banqueros, en alianza con la clase terrateniente, que impuso el dominio privado y la autoridad despótica. Bajo ese régimen se sucedieron gobernantes vinculados al poder plutocrático que contuvieron las nacientes demandas y movilizaciones obreras con represión. Precisamente fue el gobierno de José Luis Tamayo (1920-1924) el responsable de la matanza de trabajadores en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922; pero también de la otra escandalosa masacre de indígenas de la hacienda Leito (provincia del Tungurahua) el 13 de septiembre de 1923. Los indígenas, que vivían en la miseria, reclamaban contra el arrendamiento de tierras, los bajos jornales y las jornadas extensas. Murieron como 100 campesinos, fueron arrasadas sus parcelas y chozas y entre los asesinados estuvieron los líderes comunitarios Belisario Muñoz, Leonidas Muñoz, Olimpia Muñoz, Edelmira Fuertes. Como ocurriría en los otros países latinoamericanos, desde los círculos oficiales del Estado se justificaron las atrocidades cometidas con una idea que se repetiría, en adelante, por décadas: se dijo que fueron liquidadas sublevaciones “comunistas”, que pretendían acabar con la propiedad.
A 200 años, la Doctrina Monroe está en crisis y los gobiernos progresistas de América Latina no se sujetan a sus intereses. A cien años de una época de dominios gamonales, plutocráticos y oligárquicos, la región ha entrado hoy en una nueva confrontación histórica entre el neoliberalismo empresarial de elites económicas que reviven viejos valores oligárquicos y el ascenso social de sectores progresistas, democráticos y de nueva izquierda, que definen un rumbo distinto para la construcción de otro sistema económico y social.
rmh/jjpmc
* Doctor en Historia. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(Tomado de Firmas Selectas)
