De acuerdo con Borne, a partir del 1 de septiembre la edad legal para jubilarse aumentará tres meses por año con el horizonte en 2030, tal vez el punto más polémico del texto que se discutirá el 23 de enero en el Consejo de Ministros y comenzará su camino parlamentario a principios de febrero.
La primera ministra anunció además la intención de fijar la pensión al menos a un 85 por ciento del salario mínimo, alrededor de mil 200 euros mensuales para quienes completaron su carrera, y de reforzar el fondo de seguimiento médico, en aras de que los trabajadores con problemas puedan retirarse de manera anticipada a los 62 años.
En ese sentido, estimó que cuatro de cada 10 personas podrían contar con este beneficio de la jubilación anticipada.
Borne también mencionó como parte de la reforma el fin de los diversos regímenes especiales de retiro existentes, lo cual consideró una cuestión de equidad.
Según el Gobierno, su proyecto es indispensable para “asegurar la perennidad de nuestro sistema de retiro por repartición, reforzar la justicia social y mejorar la calidad de vida”, una visión descalificada por los detractores de la iniciativa, que argumentan que no existe tal urgencia.
En ese sentido, la primera ministra francesa valoró que la reforma aportará casi 18 mil millones de euros para el 2030.
Los sindicatos y varios partidos políticos, sobre todo los de izquierda, han manifestado su rechazo al proyecto, con varias convocatorias a protestas en los próximos días y semanas.
La reforma del sistema de retiro en Francia es llamada el proyecto estrella de la gestión del presidente reelecto Emmanuel Macron, quien no pudo capitalizarlo en su primer mandato en el Palacio del Elíseo (2017-2022) por la irrupción de la pandemia de la Covid-19 y las movilizaciones en contra del mismo.
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