Este conflicto afecta la adquisición de materias primas y mercancías para la economía interna y la población, por lo que es necesario avanzar en la búsqueda de soluciones que vinculen la ciencia y las experiencias prácticas, agregó.
Para contribuir a tal propósito, sesionó este martes el Comité Técnico Asesor del Ministerio de Finanzas y Precios con la participación del vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil.
Durante más de dos horas, expertos de la academia y especialistas de áreas técnicas, entre otros, debatieron el diagnóstico realizado a las cadenas de impagos y detectaron la falta de exigencia como uno de los principales desafíos.
La necesidad de un sistema de control debe analizarse no solo desde la perspectiva administrativa, sino también desde cuánto podemos aportar para actualizar los sistemas informativos, de gestión y las normativas relacionadas, insistió la ministra.
Sobre la situación detectada en 2022, la viceministra Lourdes Rodríguez informó que los saldos de las cuentas por cobrar y pagar crecieron en las operaciones vinculadas a la importación y hubo limitaciones en la liquidez de las empresas receptoras de las mercancías.
En paralelo, no se priorizó el pago de las deudas por parte de las empresas a los proveedores, persistió el descontrol e incumplimiento de la disciplina financiera y la falta de conciliación, dijo.
A todo esto se sumaron causas vinculadas a la disminución de niveles productivos, comercialización de producciones a precios centralizados e ineficiencias en la diversificación de producciones y servicios, enumeró.
La viceministra presentó un sistema de control de los cobros y pagos, que contempla acciones de información y gestión para tener una imagen precisa del estado de las cuentas vencidas en el país y enmendar las malas prácticas.
Entre las medidas propuestas se encuentran analizar las normas jurídicas vigentes, el Clasificador de Cuentas y establecer en el sistema informativo el análisis de los cobros y pagos con apertura de análisis hacia todos los actores económicos.
Por otra parte, propuso robustecer la fijación de términos de pago dentro de los contratos e incorporar entre las funciones de las Juntas de Gobierno el análisis trimestral de las cuentas por pagar vencidas de las empresas y sus causas, así como las soluciones a obtener por el uso de reservas, fondos de compensación y créditos bancarios.
Finalmente, Rodríguez recomendó evaluar en la financiación del Presupuesto del Estado los conceptos de subsidio por diferencias de precios para agilizar los pagos, fundamentalmente en las relaciones con productores agropecuarios.
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