Asimismo el CSU exigió la liberación de dos estudiantes de la institución, así como de los cinco líderes de la comunidad de Santa Marta, Cabañas, detenidos en lo que algunas fuentes consideran es una venganza política.
El pronunciamiento divulgado este viernes fue aprobado la víspera en sesión ordinaria del ente universitario sin votos en contra, pese a que la mayoría de las encuestas marcan un respaldo a la medida como forma de acabar con la violencia de las pandillas en el país.
La máxima autoridad administrativa, docente, técnica y disciplinaria de la UES pidió dejar sin efecto el régimen de excepción, aplicando la justicia con las herramientas ordinarias que le proporcionan el Código Penal y el estado jurídico, y poner fin a presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades.
El documento, cuya autenticidad fue confirmada a los medios por el vicerrector administrativo de la UES, Juan Rosa Quintanilla, reconoce que el régimen de excepción es «un instrumento jurídico extraordinario y temporal del Estado para enfrentar situaciones que ponen en peligro la estabilidad nacional».
Sin embargo, una medida de esta naturaleza no debe comprometer el respeto irrestricto a los derechos humanos, precisó el texto, y por tal razón la universidad instó al gobierno a revisar las condiciones que la justificaron, ya que según indicó el texto, esas causales “pueden haber desaparecido».
El estado de excepción lleva ya 10 meses de duración después de su aprobación el 27 de marzo de 2022, etapa en la que arropó al Plan de Control Territorial que permitió el arresto de más de 61 mil presuntos miembros de las maras o colaboradores, al suspender garantías constitucionales como las libertades de reunión y asociación, y el derecho a la defensa.
El comunicado del CSU condenó los crímenes de los grupos delincuenciales pero solicitó “respetar el derecho al debido proceso, además de garantizar la integridad física y moral de la ciudadanía”, a fin de evitar que más personas sean capturadas y juzgadas injustamente.
A partir de la aplicación del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa desde marzo de 2022, se experimentó una reducción significativa de los homicidios, también es de señalar que, en su aplicación, se están cometiendo detenciones arbitrarias, puntualizó el documento.
El alto foro denunció, además, que la captura de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, bachiller Edgardo Adonay Pérez y bachiller Danilo Miguel Castaneda Reyes, se realizó “en circunstancias no aclaradas todavía» y demandó su liberación.
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