Ambos centros de altos estudios coinciden en la necesidad de asegurar la mayor cantidad posible de personas en los debates del proyecto constitucional.
“Nuestra tarea es facilitar la expresión de las distintas voces para contribuir a la redacción de un texto representativo de nuestra sociedad”, declaró Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile.
Añadió que una participación social diversa y territorialmente pertinente contribuirá a la legitimidad del proceso.
Por su parte, el máximo dirigente de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, indicó que el rol de la Secretaría de Participación Ciudadana es lograr un diálogo lo más transversal y abierto.
La ciudadanía podrá sugerir enmiendas al texto, exponer sus visiones y hacer llegar sus comentarios al Consejo Constitucional.
A través de una plataforma digital, las personas también opinarán sobre las normas contenidas en el anteproyecto.
El Acuerdo por Chile, adoptado en diciembre pasado, prevé que un comité de 24 expertos designados por el Congreso Nacional se encargue de la redacción de un borrador.
Este documento será entregado al Consejo Constitucional de 50 miembros, electos por voto popular, que tendrá la labor de discutir y aprobar la propuesta, la cual será sometida a referendo con voto obligatorio a fines de año.
Derogar la Constitución impuesta desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue uno de los reclamos del estallido social de 2019, cuando millones de personas salieron a las calles para exigir cambios en el actual modelo neoliberal.
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