Los impugnados son el actual titular de la cartera, Federico Alfaro; y su predecesor Ramón Martínez, actualmente embajador del istmo en Estados Unidos.
Según la abogada María Gabriela Dutari, del CIAM, ambos deberán responder por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y peculado en el caso de la trasnacional de la canadiense First Quantum, que extrae minerales bajo contrato de concesión declarado institucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dutari aseveró que en la reciente comparecencia de Alfaro ante la Asamblea Nacional (parlamento) quedó claro que se ha retrasado la implementación del fallo de la CSJ respecto al caso de Minera Panamá, con el pretexto de negociar y lograr un nuevo contrato, lo cual viola el rol como servidor público.
El Gobierno y la empresa mantienen negociaciones para continuar con la actividad de producción de cobre y oro a cielo abierto en las montañas de Donoso, provincia de Colón, y el Ejecutivo reclama un pago de al menos 375 millones de dólares anuales por regalías.
Por su parte, First Quatum anunció que el próximo 14 de febrero publicará los resultados financieros y operativos del cuarto trimestre y de fin de año de 2022, luego cierre de la Bolsa de Valores de Toronto.
Tal vez, para esa fecha Tristan Pascall, gerente de la trasnacional, se encuentre en posición de comunicar al público la marcha con Panamá de las conversaciones con el Gobierno y si logra suscribir un nuevo acuerdo.
En ese momento First Quantum detalló que había logrado una producción anual de cobre de 776 mil toneladas, lo que representa una reducción del cinco por ciento en relación con 2021.
Negociadores vinculados a la empresa manifestaron que están muy cerca – más que el 90 por cuento – de llegar a un acuerdo, pero desde el Ejecutivo los ánimos no fueron tan positivos porque hay ciertos puntos pendientes importantes en materia económica que están estancados.
Entre los desacuerdos enumeran las partes administrativa y económica, resolver los temas del incumplimiento material sustancial, el impuesto que deben pagar los proveedores, así como el ingreso mínimo garantizado por las peticiones en créditos fiscales que está haciendo la mina.
Una vez superadas las diferencias entre las partes el documento requiere de otros trámites para su entrada en vigencia, considerando que se trata de un contrato ley.
El primero es que el Ministerio de Comercio e Industrias, representante del Gobierno ante Minera Panamá, debe someter el contrato a una audiencia pública por un periodo de 30 días y posteriormente requerirá de la aprobación o rechazo del texto en el órgano l legislativo unicameral.
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