En el Hemiciclo comienza una batalla que desde el mes pasado está en las calles, con multitudinarias marchas y huelgas que el 19 y el 31 de enero paralizaron una parte del país, sobre todo en sectores como el transporte, la educación, la energía y la función pública.
Pese a la presión, el Gobierno insiste en impulsar la reforma, con el argumento de que es indispensable para salvar del déficit financiero severo al sistema de jubilación.
Ese es un argumento que los detractores rechazan, en particular las vías para conseguir el alegado equilibrio, entre ellas, la extensión de la edad legal de retiro de 62 a 64 años.
La oposición de izquierda, representada por insumisos, ecologistas, comunistas y socialistas, y de extrema derecha (Agrupación Nacional) introdujeron mociones dirigidas a impedir la entrada del proyecto en la Asamblea, una primera que busca rechazar el texto, y una segunda para promover un referendo.
Si bien el oficialismo perdió la mayoría absoluta en el Palacio Borbón en las legislativas de junio pasado, para que las iniciativas prosperen se necesitará el apoyo de los conservadores, el partido Los Republicanos, que parecen dispuestos a acompañar la reforma, si el Ejecutivo hace algunas concesiones.
La discusión del proyecto, con el cual el Gobierno aspira a ahorrar unos 18 mil millones de euros de cara al 2030, está prevista hasta el 17 de febrero, para seguir el camino parlamentario en el Senado.
Sin embargo, la oposición tratará de frenar el debate, y para ello presentó más de 17 mil enmiendas, del total de 20 mil introducidas, la mayoría a cargo de La Francia Insumisa (casi 13 mil).
Mientras arranca el pulso en la Asamblea Nacional, los sindicatos preparan una nueva jornada de protestas nacionales, señalada para mañana.
Además de la edad legal de retiro, la reforma al sistema de la jubilación enfrenta en Francia cuestionamientos por el aumento a 43 años del período de cotización y la eliminación de regímenes especiales de trabajo.
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