Los diputados comenzaron las discusiones el pasado lunes y tienen hasta el viernes en la medianoche para completar el análisis de la primera lectura y pasar el proyecto al Senado, una tarea casi imposible al considerar las más de 15 mil enmiendas que restan por abordar.
El oficialismo, el partido Renacimiento y sus aliados, defiende la iniciativa como un paso necesario para garantizar el equilibrio financiero del sistema de jubilación de cara al futuro, mientras la izquierda y la extrema derecha atacan a la reforma y la califican de injusta y brutal.
Más de 20 mil enmiendas fueron presentadas en la Asamblea, la mayoría por La Francia Insumisa (LFI), contra un texto con cuestiones que generan malestar político y social.
Entre ellas están la extensión de la edad legal de retiro de 62 a 64 años, el aumento del período de cotizaciones anuales a 43 y la eliminación de algunos regímenes especiales de pensiones.
Los acalorados debates en el Parlamento se enmarcan en un escenario de presión sindical frente a la reforma, materializado por cuatro jornadas de multitudinarias manifestaciones, el 19 y el 31 de enero y el 7 y el 11 de febrero, y el anuncio de nuevas acciones, en particular el llamado a una huelga general el 7 de marzo.
El Gobierno acusa a LFI de obstruir las discusiones en la Asamblea, y al mismo tiempo la jefa de bancada de Renacimiento, Aurore Bergé, mostró confianza en que el proyecto será adoptado.
La expectativa está en si el oficialismo, que perdió la mayoría absoluta en el Palacio Borbón en las legislativas de junio pasado, podrá conseguir el apoyo de los conservadores, en aras de evitar el uso, una vez más, del polémico artículo 49,3 de la Constitución, que permite aprobar iniciativas sin el voto parlamentario.
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