Las discusiones han dejado muy poco avance y sí muchos ataques entre los defensores del proyecto, que alegan la necesidad de reformar el sistema para evitar su desequilibrio financiero, y los detractores, quienes denuncian una iniciativa que no representa una urgencia y la califican de brutal.
También generan rechazo en el Hemiciclo el aumento del período de cotizaciones anuales a 43 y la eliminación de algunos regímenes especiales, así como el tema del incremento de las pensiones a un mínimo de mil 200 euros por mes, con el cual el Ejecutivo busca “enamorar” a la ciudadanía, aunque no todos podrán cumplir los requisitos para conseguirlo.
El Gobierno atribuye a la izquierda, en particular a La Francia Insumisa (LFI), la intención de bloquear el texto en la Asamblea con la presentación de miles de enmiendas, que hacen literalmente imposible culminar el debate antes de la medianoche del viernes, límite fijado por el calendario para la primera lectura, antes del paso del proyecto al Senado.
La víspera, LFI retiró mil propuestas, pero aún restan por revisar alrededor de ocho mil antes de llegar al artículo siete, que se refiere a la extensión de la edad de jubilación.
Después de perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de junio pasado, el oficialismo necesita el apoyo de los conservadores, el partido Los Republicanos, para la aprobación del proyecto, asumiendo el rechazo de la izquierda y la extrema derecha.
Frente al complejo panorama, pudiera resurgir el tema del cuestionado artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin el voto parlamentario, al cual recurrió el Gobierno una decena de veces a finales del año pasado, durante la discusión del Presupuesto del Estado.
Las tensiones políticas su suman a una fuerte presión sindical en las calles, movimiento que aglutina a los ocho principales sindicatos de Francia contra la reforma.
El 19 y el 31 de enero y el 7 y el 11 de febrero se produjeron multitudinarias marchas para repudiar el proyecto, con otra movilización prevista para el jueves.
La Intersindical anunció además que si el Gobierno no retira la reforma para el 7 de marzo, ese día se paralizará el país con una huelga general.
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