En la medianoche llegaron a su fin dos semanas de discusiones consideradas un «diálogo de sordos», de un lado el oficialismo en defensa del texto presentado por el Gobierno como una urgencia para salvar al sistema de retiro del déficit financiero, y del otro la mayor parte de la oposición.
Innecesaria, injusta y brutal fueron calificativos dominantes durante las sesiones, en las que la izquierda lideró el rechazo a la reforma, también repudiada desde la extrema derecha, que quedó aislada anoche en su moción de censura contra el Ejecutivo.
En el centro de la polémica se situó la extensión de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, recogida en el artículo siete del texto, el cual también incluye propuestas muy cuestionadas, sobre todo el aumento del período de cotizaciones y la eliminación de regímenes especiales de pensiones.
Las partes enfrentadas sacaron sus propias conclusiones de lo ocurrido en el Hemiciclo, donde las miles de enmiendas introducidas, la mayoría por La Francia Insumisa (LFI), impidieron avanzar en la discusión en primera lectura.
Para el líder de los socialistas, el diputado Olivier Faure, los debates mostraron la mentira del Gobierno de que su reforma revalorizaría las pensiones a un mínimo de mil 200 euros, al que no todos los franceses podrían llegar.
También desde la izquierda, la jefa de bancada de los insumisos, Mathilde Panot, fustigó en las primeras horas del sábado al oficialismo y afirmó que las jornadas demostraron que la iniciativa carece de legitimidad parlamentaria.
En respuesta a los esfuerzos contra el proyecto, la primera ministra Elisabeth Borne acusó de populismo a LFI y a la extrema derecha (Agrupación Nacional) y el ministro del Trabajo, Olivier Dussopt, esgrimió que los insumisos, promotores de 13 mil enmiendas, se dedicaron a insultarlo.
El 28 de febrero la reforma de la jubilación llegará al Senado francés, donde no está claro si lograrán votarlo o no, con la incertidumbre de qué ocurrirá en marzo con el proyecto.
Las miradas se centran sobre todo en el 7 de marzo, cuando el movimiento sindical prevé lanzar una huelga general contra la reforma, paro apoyado por los detractores políticos de la misma.
Ante el empeño del Gobierno en mantener su iniciativa, y en particular la extensión de la edad legal de retiro hasta 64 años, los sindicatos llevaron a las calles a millones de personas en las protestas del 19 y 31 de enero y del 7, 11 y 16 de febrero.
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