El bloque integracionista regional llamó en un comunicado “a hacer todo lo posible por mantener la seguridad pública” en el país, donde grupos de manifestantes ingresaron por la fuerza el viernes al Parlamento, frente a la represión policial con gases lacrimógenos.
La declaración del ente caribeño reconoce “el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica”, pero alerta “que no puede haber excusa para el uso de la violencia” contra las protestas que mantienen en tensión al país.
Los jefes de Gobierno de la Caricom –precisa el texto- recibieron un informe sobre los disturbios en curso en el vecino país, enviado por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación Internacional.
Las autoridades del bloque –señala la declaración- tomaron nota del desarrollo de la situación en Paramaribo y condenaron enérgicamente los ataques violentos contra personas e instalaciones públicas y privadas, incluido el Legislativo.
Los involucrados en el conflicto interno surinamés, que enfrentan medidas oficiales como el corte de subsidios al combustible y a la electricidad “deben hacer todos los esfuerzos para restablecer la calma”, expresa el comunicado del ente regional.
La declaración expresa, además, la solidaridad de la Caricom “con los ciudadanos respetuosos de la ley en Surinam”, tras recibir el reporte de la Cancillería de Paramaribo sobre agresiones de los manifestantes, que rompieron ventanas, saquearon tiendas cercanas y provocaron incendios.
Según el bloque, estas acciones “solo sirven para socavar el estado de derecho y la estabilidad de las democracias, y también amenazan la vida y el sustento de nuestros ciudadanos y son perjudiciales para los intereses de nuestra población”.
La organización reafirmó “su apoyo al Gobierno democráticamente electo del presidente Chandrikapersad Santokhi”, en medio de la crisis en la nación vecina. Medios de prensa atribuyeron los disturbios en Surinam a la intensa inflación y a medidas de austeridad impuestas por el Ejecutivo, entre ellas el cese de subsidios básicos por recomendación del Fondo Monetario Internacional.
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