Este profesor e investigador, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), conversó con Prensa Latina antes de su intervención en el panel “Salvaguardias para garantizar la independencia de los reguladores”, en la recta final de la conferencia organizada por la Unesco.
En opinión de Gómez la cuestión sobre regular Internet esta fuera de toda duda, sin embargo hay que definir “cómo hacerlo y, a falta de ver el resultado final de la guía que está elaborando la Unesco, quién se va a encargar de fiscalizar y de controlar eso”, explicó.
“Desde la perspectiva latinoamericana, y a favor de la regulación, creemos que hay que ponerle un límite a estos gigantes digitales para proteger derechos fundamentales y proteger el debate público”, aseveró, y para ello consideró fundamental definir quién se encargará de ese control y qué funciones tendrá.
En ese sentido, Gómez consideró que “debe haber un equilibrio entre el control estatal y la corregulación o autorregulación, no podemos apostar a que esta tarea se haga por decisión propia de las empresas”, pero donde tengan más peso los poderes públicos y también con una participación amplia de la sociedad civil que funcione también como control social.
“En el marco de una institucionalidad democrática, pensamos que es necesario un organismo regulador, y estamos de acuerdo con el documento (de la Unesco) en que no dependa ni de los gobiernos de turno ni de las empresas”, explicó Gómez, pero también consideró ineludible analizar cuál será el papel de la justicia en este terreno.
Otra cuestión a tener en cuenta “es que las mismas empresas digitales tienen formas de actuar diferentes para Europa y para América Latina, y si en Europa se ven forzadas a trabajar con ciertas normas, en América Latina rechazan acatarlas”, según señaló el experto.
En todo caso, consideró que “hay que mirar a las redes sociales como un espacio público, aun cuando haya un amplio uso para el consumo y el entretenimiento, pues también es un espacio donde se debate políticamente y donde determinadas opiniones pueden expresarse”, dijo.
Pero en su opinión “ahora la clave está en la distribución, la clave está en que te vean, en saber quién decide que tú estés el primero en la lista o el último, y eso tenemos que limitarlo, no pueden ser las empresas las que decidan en función de su modelo de negocio”, recalcó.
“No solo hablamos de lo que es verdad y lo que es falso, esto es algo obvio, sino de qué medio de comunicación está más visible para un usuario que otro, porque por lo general los medios alternativos, los digitales, o los medios comunitarios no aparecen nunca arriba”, y añadió, “el que tiene el poder no es el que produce el contenido, sino el que dice si se ve o no”.
Por último Gómez se refirió a los grandes grupos mediáticos latinoamericanos asegurando que “deciden de acuerdo a su línea editorial las informaciones sobre las que debe debatir la opinión pública, lo que significa que actúan como las redes sociales al definir de qué se habla”.
Sin embargo estos grupos “se presentan ahora como víctimas”, aseguró, “porque se quejan del rol de empresas aún más grandes que las suyas que son capaces de decidir dónde se ve el medio y donde no se ve y pueden quitarles importantes cantidades de dinero procedente de la publicidad”, dijo.
“Ese es el gran problema que hoy tienen las empresas de medios, la falta de dinero de publicidad, pues gigantes como Google y Meta, se están comiendo la mayor parte del paquete de dinero que mueve la publicidad en internet”, explicó Gómez.
Por esa razón “ahora hay asociaciones de medios de prensa que están a favor de la regulación de internet, una regulación afín a sus intereses, es cierto, pero apuestan por ella porque ven que hay empresas que no están bajo ningún control y que cuentan con libertades y posibilidades que ellos no tienen”, afirmó.
“Pero si no conseguimos ponerles límites a las grandes plataformas de Internet, los medios pueden alegar que tampoco haya leyes para ellos, y eso es un riesgo”, consideró el experto, por ello advirtió de que “de no encontrar soluciones democráticas, razonables, equilibradas, como la que está intentando la Unesco, lo que puede pasar es que entonces no haya reglas para nadie”, concluyó.
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