Según el ministro subrogante de Defensa, Gabriel Gaspar, son 600 los efectivos que serán destinados a distintos puntos de las áreas limítrofes de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
La titular del Interior, Carolina Tohá, quien llegó a Colchane para monitorear el despliegue de los uniformados, expresó su esperanza de que la medida tenga un “efecto disuasivo”.
Por ese sitio llegan a Chile a través de pasos irregulares entre 200 y 400 personas diariamente, dijo el alcalde de Colchane, Javier García.
El operativo estará vigente durante 90 días y podrá ser extendido con la aprobación del Congreso Nacional, una vez concluidos los primeros tres meses.
De acuerdo con el decreto supremo adoptado en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, las unidades militares podrán realizar controles de identidad, fiscalizar equipajes y detener a personas que ingresen por puntos no autorizados.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación por el hecho de que militares asuman labores de control de orden público correspondientes a la policía.
Constanza Valdés, del INDH, indicó que se envió un oficio a los ministerios del Interior y Defensa para conocer los protocolos empleados por las Fuerzas Armadas en los controles de identidad.
También desean información sobre el armamento específico que utilizarán los militares en la zona fronteriza y cuáles son los planes de capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural.
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