A través de una declaración, la cancillería relató que la víspera el viceministro de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas, Carlos Fernández, convocó al Encargado de Negocios de Estados Unidos, Benjamin Ziff, para trasladar formalmente la enérgica protesta.
Previamente el Minrex solicitó en cuatro notas verbales la devolución del autor del hecho, considerado como un acto de piratería, además del retorno de la aeronave, que es propiedad de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA).
Detalla la información que en las notas presentadas y en el encuentro de los titulares este martes, «fue reiterado que los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y Estados Unidos».
También se señaló que el hecho representa una violación del espacio aéreo, la seguridad operacional y las regulaciones aeronáuticas cubanas, en correspondencia con lo estipulado en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), así como «que la impunidad sobre acciones de esta naturaleza constituyen un precedente negativo y peligroso».
El Minrex subrayó que el otorgamiento de asilo político a quien cometió el secuestro de una aeronave con fines de emigrar constituye una violación de lo establecido en la Declaración Conjunta en materia migratoria, suscrita por ambos países el 12 de enero de 2017.
Apunta la fuente que el viceministro cubano recordó el historial de graves consecuencias que tiene la piratería aérea, alentada y tolerada por el gobierno estadounidense para desestabilizar y crear hostilidad política contra el país caribeño.
La cancillería cubana deploró en la declaración la desición de Estados Unidos y su sistema judicial, y señaló que esta convierte a la nación norteña en «cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, de tolerarse y protegerse, podrían estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países».
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