La iniciativa que incluye la extensión de la edad legal de retiro de 62 a 64 años y el aumento del período de cotizaciones, sus dos aspectos más rechazados, entra en una semana decisiva tras su adopción el sábado en el Senado, donde el oficialismo contó con el apoyo de los conservadores del partido Los Republicanos.
Para evitar el uso una vez más del 49,3, esgrimido una decena de veces a finales del 2022 por el Ejecutivo para adoptar leyes del presupuesto, tendría que repetirse en la Asamblea Nacional el respaldo opositor, ya que en esa instancia la fuerza política gobernante y sus aliados perdieron la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de junio último.
Los ingredientes están servidos, el Gobierno insiste en que mantendrá la reforma, pero le faltan votos; la oposición prevé una férrea batalla en la Asamblea, foro en el que pudiera presentar al menos una moción de censura, y los sindicatos afirman que continuarán las protestas y las huelgas, de ahí las alertas sobre el eventual empleo del artículo.
El ministro del Trabajo, Olivier Dussopt, reiteró hoy la tesis expresada ayer por el portavoz gubernamental, Olivier Véran, de que la voluntad es la de no acudir al 49.3 y conseguir un consenso que permita en la cámara baja aprobar el proyecto, calificado por el oficialismo de indispensable, en aras de buscar el equilibrio financiero en el sistema de jubilación.
Sin embargo, el titular tildó en el canal BFM TV de “estúpido” descartar totalmente un artículo cuyo origen constitucional recordó, aunque sus detractores consideran su utilización antidemocrática en el actual contexto en Francia, porque haría estéril los debates parlamentarios e ignoraría las multitudinarias muestras en las calles de malestar con la reforma.
También el ministro de Acción y Cuentas Públicas, Gabriel Attal, manifestó en France 2 que el recurso del 49.3 no es “nuestra pista actual”, siempre dejando la puerta abierta para que eso cambie.
Los números de momento no favorecen al Gobierno, que cuenta con menos de 200 votos confirmados a favor del proyecto en la Asamblea Nacional, donde necesita 289 para alcanzar la mayoría absoluta, en un hemiciclo en el que el texto ni siquiera pudo votarse el mes pasado en primera lectura por el rechazo opositor y las 20 mil enmiendas presentadas.
Este miércoles sesionará una comisión mixta de siete senadores e idéntica cantidad de diputados encargada de lograr un documento de consenso, antes de retornar el jueves a la Asamblea con la mira en el decisivo sufragio.
Mientras se avecina un nuevo pulso político parlamentario, los sindicatos prevén mantener la presión contra la reforma, y en ese sentido convocaron para el propio miércoles la octava jornada de marchas y huelgas desde el 19 de enero.
Los secretarios generales de los dos mayores gremios, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), Laurent Berger y Philippe Martinez, respectivamente, subrayaron que seguirán las protestas, con nuevas acciones por decidir.
La víspera, Berger calificó de un acto “vicedemocrático” el eventual uso del artículo 49.3 para imponer la reforma de la jubilación.
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