El proyecto que extiende la edad de retiro a 64 años y aumenta el período de cotizaciones ya fue adoptado el lunes de la semana pasada, sin embargo, los gremios y fuerzas políticas opositoras descartan asumirlo y demandan al presidente Emmanuel Macron retirar su reforma, ante la que solo queda el trámite del análisis del Consejo Constitucional.
En ese sentido, el secretario general de Fuerza Obrera (FO), Frédéric Souillot, instó al Ejecutivo a poner fin a la crisis política y social, la cual preocupa por los episodios de violencia de los últimos días.
A menos que se produzca un “destello de conciencia gubernamental”, esto continuará, dijo en alusión a las movilizaciones y a la reunión prevista esta noche por los sindicatos para decidir las próximas acciones.
Por su parte, el máximo líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, reclamó al Gobierno “congelar” la extensión de la edad de retiro de 62 a 64 años y sentarse en la mesa de diálogo.
A juicio del dirigente, ese paso debe llegar de inmediato, porque la revisión del Consejo Constitucional durará mucho tiempo.
La víspera, el ministro del Interior Gérald Darmanin anunció el despliegue de 13 mil policías y gendarmes, cinco mil 500 de ellos en esta capital, tras los disturbios de protestas recientes, que dejaron daños materiales, cientos de arrestos y manifestantes y uniformados heridos.
Desde el Gobierno acusan al llamado “Bloque negro” y a la “extrema izquierda” de generar desestabilización, mientras líderes opositores y sindicales denuncian que la responsabilidad por la radicalización de algunas personas es del Ejecutivo, al ignorar el rechazo a la reforma y lanzar la represión policial.
Macron y el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, intercambiaron acusaciones ayer por la situación imperante.
La nueva jornada de movilización, después de las realizadas el 19 y 31 de enero, el 7, 11 y 16 de febrero, y el 7, 11, 15 y 23 de marzo, sigue acompañada por huelgas que tienen un impacto creciente en la economía y la sociedad.
El transporte público, ferroviario y aéreo, el suministro de combustible, la educación y la recogida de desechos en París constituyen los sectores más afectados.
Desde que el Gobierno apeló al artículo 49.3 de la Constitución para adoptar la reforma de la jubilación sin voto parlamentario, aumentaron los bloqueos de carreteras, refinerías, centros docentes e instituciones culturales.
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