La víspera, la Comisión de Seguridad de la cámara alta, donde la oposición tiene mayoría, desestimó varias enmiendas presentadas por el Ejecutivo para mejorar la iniciativa.
Las indicaciones estaban dirigidas a modificar lo relativo a “la legítima defensa privilegiada” que justifica el uso de armamento y otros medios por parte de uniformados y policías de civil.
Luego del rechazo a la propuesta gubernamental, la ministra del Interior, Carolina Tohá, el titular de Justicia, Luis Cordero, y la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, decidieron retirarse de la comisión.
Para Cordero, resulta indispensable la regulación del uso de la fuerza; mientras Tohá afirma que, tal y como está, esta ley abre el riesgo de exponer a Chile como un país con una licencia excesiva a las policías para actuar.
Bautizada popularmente como la ley del gatillo fácil, la normativa es rechazada por numerosos sectores y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Interrogado al respecto por Prensa Latina, el diputado Boris Barrera, jefe de la bancada del Partido Comunista, consideró controversial que en el medio siglo del golpe de Estado, la derecha venga a instalar un proyecto donde se dan más facilidades para reprimir.
Recordó también Barrera la actuación de los Carabineros y las fuerzas militares durante el estallido social de 2019, que dejó un saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y más de 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas.
Para el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, resulta preocupante que con esta normativa se estén desoyendo estándares internacionales comunicados por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
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