“Los Sabios”, como se conoce a la institución que decide la conformidad o no de las leyes con la carta magna, tiene en sus manos el futuro de un proyecto devenido pulso político y social; de un lado el Gobierno que esgrime la urgencia de la reforma bajo argumentos financieros y del otro los sindicatos, la oposición y la mayoría de los franceses, según las encuestas.
Las partes hicieron todo a su alcance en defensa de sus posturas, el oficialismo apeló al artículo 49.3 de la Constitución para evitar el voto de la Asamblea Nacional y activó mecanismos para reducir y acelerar los debates parlamentarios, apoyado en el Senado por los conservadores (Los Republicanos).
En el caso de los detractores, fueron mucho más allá de calificar a la iniciativa de brutal, injusta e innecesaria, con multitudinarias manifestaciones y huelgas organizadas por los sindicatos y mociones de censura presentadas por la oposición en la Asamblea, una de ellas derrotada por apenas nueve votos en su intento de derribar a la primera ministra, Elisabeth Borne.
El 20 de marzo la reforma quedó adoptada con el revés de las mociones en la Asamblea Nacional, dejando la escena lista para la entrada en el juego del Consejo Constitucional, instancia que emitirá el viernes su veredicto sobre un texto con amplio rechazo, al extender la edad de retiro de 62 a 64 años y aumentar el período de cotizaciones.
Las miradas se dirigen hacia ese día, cuando probablemente al final de la jornada se conocerá la decisión de “Los Sabios”, dictamen esperado con una rara mezcla de resignación y esperanza.
El fallo pudiera ir de lo decepcionante –para los detractores- a lo histórico, considerando que al análisis sobre la constitucionalidad de la norma llamada “el proyecto estrella” del presidente Emmanuel Macron, se suma el pedido de realizar en Francia un referendo de iniciativa compartida, opción en vigor desde el 2015, pero nunca ejecutada.
LOS DETALLES
Una vez aprobada la reforma por la vía del 49.3, cuatro entidades invocaron al Consejo Constitucional para su pronunciamiento acerca del proyecto: el bloque de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) en la Asamblea, los senadores de esa fuerza política, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y la primera ministra Borne.
La oposición lógicamente con la intención de frenar la entrada en vigor, y el Gobierno con el fin de validarla en el orden legal, después de las críticas y las acusaciones por evitar el voto parlamentario y limitar el debate.
Durante todo este tiempo, los sindicatos mantuvieron la unidad y la movilización, con 11 jornadas de protestas y paros contra la reforma, con el duodécimo acto previsto mañana, en vísperas del veredicto del Consejo.
Las opciones posibles de respuesta de “Los Sabios” son tres: la validación del texto en su integralidad, su invalidación parcial, con la censura a una parte del contenido, y la total, lo cual se traducirá en la no conformidad con la Constitución.
El visto bueno implicaría la luz verde al jefe de Estado para promulgar el proyecto que cambia el sistema de la jubilación y el cuestionamiento parcial podría llevar al Gobierno a rehacer su ley o a promulgarla sin los elementos censurados, mientras la invalidación total sepultaría la reforma en su versión actual, el escenario menos previsible según los expertos.
Respecto al referendo de iniciativa compartida, la aceptación por el Consejo Constitucional desencadenaría un proceso sin precedentes bajo la Quinta República francesa, que comenzó en 1958.
Si la oposición consiguiese la consulta popular demandada por parlamentarios de izquierda, para que esta sea realidad se necesitará el apoyo de un 10 por ciento del electorado, alrededor de cuatro millones 800 mil personas, a conseguirlo en un período de nueve meses.
Como es lógico suponer, después de tantas batallas políticas y sociales en los últimos meses, reina en el país la expectativa en torno al veredicto que caerá el viernes y a las reacciones de las partes involucradas en la crisis.
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