El órgano policial de la capital francesa estableció, por orden del Ministerio del Interior, la prohibición entre las 18:00, hora local, de este jueves y las 08:00 del sábado, en un tenso escenario por la expectativa en torno al veredicto y por el rechazo de amplios sectores de la sociedad a la norma que extiende la edad de retiro de 62 a 64 años.
Algunos incidentes se produjeron hoy frente al Consejo Constitucional, donde manifestantes colocaron contenedores de basura, durante la duodécima jornada nacional de protestas convocada por los sindicatos contra la reforma, movilización que según los gremios atrajo a un millón 500 mil personas, mientras el Gobierno cifró la participación en 380 mil.
Algunos advierten que el Consejo integrado por nueve miembros, conocidos como “Los Sabios”, no impedirá la materialización del considerado proyecto estrella de la gestión del presidente Emmanuel Macron, pero otros confían en que declarará parcialmente inconstitucional la polémica iniciativa.
La reforma de la jubilación fue aprobada por el Gobierno sin voto parlamentario, al amparo del artículo 49.3 de la Constitución, escenario confirmado el 20 de marzo con la derrota de las dos mociones de censura opositoras que trataron desde la Asamblea de frenarla y derrocar a la primera ministra Elisabeth Borne.
Desde entonces, cuatro entidades invocaron al Consejo Constitucional para su pronunciamiento acerca del proyecto: el bloque de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) en la Asamblea, los senadores de esa fuerza política, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y la primera ministra.
Las opciones posibles de respuesta de “Los Sabios” son tres: la validación del texto en su integralidad, su invalidación parcial, con la censura a una parte del contenido, y la total, lo cual se traducirá en la no conformidad con la Constitución.
El visto bueno implicaría la luz verde al jefe de Estado para promulgar el proyecto que cambia el sistema de la jubilación y el cuestionamiento parcial podría llevar al Gobierno a rehacer su ley o a promulgarla sin los elementos censurados, mientras la invalidación total sepultaría la reforma en su versión actual, el escenario menos previsible según los expertos.
Mañana el Consejo también se pronunciará sobre el referendo de iniciativa compartida, el cual de aceptarse desencadenaría un proceso sin precedentes bajo la Quinta República francesa, que comenzó en 1958.
Si la oposición consiguiese la consulta popular demandada por parlamentarios de izquierda, para que esta sea realidad necesitará el apoyo de un 10 por ciento del electorado, alrededor de cuatro millones 800 mil firmas, a conseguirlo en un período de nueve meses.
Las autoridades prevén protestas si el Consejo decide validar la reforma, proyección avalada por el llamado de sindicatos y partidos a mantener la movilización en tal caso.
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