En un escenario de muchas expectativas, el órgano de nueve miembros, llamados “Los Sabios”, también fijará postura de cara al pedido de un referendo de iniciativa compartida solicitado por parlamentarios de izquierda con el propósito de que sean los electores quienes decidan si se aplica o no el proyecto y su polémica extensión de la edad de retiro de 62 a 64 años.
La decisión del Consejo es el último filtro para que el presidente Emmanuel Macron promulgue la principal reforma de su gestión, la cual no pudo materializar en su primer mandato (2017-2022) por las protestas que generó y la irrupción de la pandemia de la Covid-19.
El contexto vuelve a ser tenso, con jornadas nacionales de multitudinarias manifestaciones y huelgas convocadas por los sindicatos desde el 19 de enero, la duodécima realizada ayer.
Las autoridades prevén para hoy más de un centenar de protestas tras el dictamen del Consejo Constitucional, que se espera en torno a las 18:00, hora local.
Ante la situación de pulso social y político imperante, la Prefectura policial de París prohibió toda manifestación en las inmediaciones del órgano hasta mañana.
La reforma de la jubilación fue aprobada por el Gobierno sin voto parlamentario, al amparo del artículo 49.3 de la Constitución, escenario confirmado el 20 de marzo con la derrota de las dos mociones de censura opositoras que trataron desde la Asamblea de frenarla y de derrocar a la primera ministra Elisabeth Borne.
Desde entonces, cuatro entidades invocaron al Consejo Constitucional para su pronunciamiento acerca del proyecto: el bloque de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) en la Asamblea, los senadores de esa fuerza política, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y la primera ministra.
Las opciones posibles de respuesta de “Los Sabios” son tres: la validación del texto en su integralidad, su invalidación parcial, con la censura a una parte del contenido, y la total, lo cual se traducirá en la no conformidad con la Constitución.
El visto bueno implicaría la luz verde al jefe de Estado para promulgar el proyecto que cambia el sistema de la jubilación y el cuestionamiento parcial podría llevar al Gobierno a rehacer su ley o a promulgarla sin los elementos censurados, mientras la invalidación total sepultaría la reforma en su versión actual, el escenario menos previsible según los expertos.
El Consejo también se pronunciará sobre el referendo de iniciativa compartida, el cual de aceptarse desencadenaría un proceso sin precedentes bajo la Quinta República francesa, que comenzó en 1958.
Si la oposición consiguiese la consulta popular demandada por parlamentarios de izquierda, para que esta sea realidad necesitará el apoyo de un 10 por ciento del electorado, alrededor de cuatro millones 800 mil firmas, a conseguirlo en un período de nueve meses.
jcm/wmr
