Las normativas están destinadas a mejorar la persecución penal, fortalecer las instituciones y aumentar la prevención del delito.
En total son 31 iniciativas que deberán ser analizadas y sometidas a votación, algunas en lo inmediato y otras a lo largo del año.
Dentro de los proyectos figuran la ley de delitos económicos y las que sancionan los actos preparatorios de sicariato y la tenencia de celulares en las cárceles.
Además, se prevé realizar modificaciones a la ley de migración y extranjería y crear un Ministerio de Seguridad Pública.
No obstante, el diputado del partido Acción Humanista Tomás Hirsch llamó a revisar cada proyecto e ingresar todas las indicaciones necesarias para que estos sean efectivos “porque el problema del narcotráfico y de la delincuencia no se va a resolver con 50, 100 o 300 proyectos de ley”.
Advirtió Hirsch que las 31 iniciativas deben ser analizadas cada una en su mérito, para garantizar que “Chile siga siendo un país de paz y un Estado de Derecho, no un Estado policial”.
Paralelo al debate en el Congreso, el Gobierno anunció la implementación del plan Calles sin violencia en 45 comunas donde se registran delitos violentos, narcotráfico, presencia de armas, deterioro barrial e impunidad penal.
El programa comenzará este mes de abril en el centro de la capital, donde recientemente fue asesinado el suboficial de carabineros Daniel Palma, y continuará en mayo por otros municipios de la Región Metropolitana de Santiago y el resto el país.
El 85 por ciento de los chilenos considera que la delincuencia aumentó en el último año y 91 de cada 100 cree que es más violenta, según la encuesta Plaza Pública Cadem publicada este domingo.
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