Sergio Ferrari*, colaborador de Prensa Latina
En dosis correctas, la sal constituye un condimento nutriente esencial. En exceso, potencializa el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares (ACV) y muerte prematura.
El consumo medio mundial de sal es de 10,8 gramos al día, cantidad que supera los cinco gramos aceptables (un poco menos que una cucharita de té). Es decir, un 200% mayor que lo que acepta una dieta equilibrada. Este exceso amenaza la vida de siete millones de personas en los próximos siete años. Tal es el número de aquellos que seguramente morirán debido a infartos de miocardio o ataques cerebrales.
Esta dramática realidad, expuesta en un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), conspira contra los compromisos asumidos por la comunidad internacional de reducir en un 30 por ciento el consumo de sodio hacia el año 2025.
La principal fuente de sodio es la sal de mesa (cloruro sódico), pero también se encuentra en otras substancias utilizadas para condimentar alimentos. La OMS señala que las dietas malsanas son una de las causas principales de enfermedad y muerte en el mundo y advierte que cada día aparecen más pruebas de la estrecha correlación entre el consumo elevado de sodio y el aumento de riesgo de diversas afecciones, como el cáncer gástrico, la obesidad, la osteoporosis y las enfermedades renales. La lenta toma de conciencia- y de decisiones concretas- por parte de los gobiernos no se corresponde con la gravedad del problema. Conclusión que nace de dicho informe, según el cual sólo el cinco por ciento de las naciones han establecido políticas obligatorias de protección de la salud, que incluye la reducción del consumo de sodio. Casi tres de cuatro países en el mundo carecen de indicadores completos para asegurar medidas de control. Hasta la actualidad, solo nueve cuentan con medidas apropiadas de regulación estatal. Entre ellos, cuatro latinoamericanos: Brasil, México, Chile y Uruguay. Los otro cinco son España, Lituania, Malasia, República Checa y Arabia Saudí.
Apunten contra la sal
Según la OMS, un enfoque integral de la reducción de sodio para la prevención de enfermedades no transmisibles debe incorporar dos pilares. Por una parte, la adopción de medidas obligatorias y, por otra, políticas públicas de adquisición de alimentos con bajo contenido de sal para las cocinas y cantinas de las instituciones públicas, como hospitales, escuelas, centros de trabajo estatales y residencias de ancianos. También propone ampliar todo lo que ya se hace para educar a los consumidores, como colocar etiquetas bien visibles en los envases de alimentos. De esta manera, los consumidores podrán informarse adecuadamente y optar por los productos con menor contenido de sodio. Finalmente, sugiere la creación o ampliación de las campañas de comunicación que promuevan cambios en el comportamiento individual para la reducción del consumo de sodio.
Por otra parte, y con el fin de aplicar una visión pedagógica más eficaz, recientemente la OMS ha diseñado un mapa mundial de puntaje con respecto al consumo de sodio.
Asimismo, ha estrechado su colaboración con la organización sin fines de lucro Resolve to save lives, la cual acaba de publicar una base mundial de datos sobre alimentos, con información sobre los nutrientes de productos envasados que se distribuyen en 25 países.
La sal, una prioridad y monopolio nacional
Para asegurar ese consumo excesivo de la sal es imprescindible un aumento constante de su producción y de la comercialización mundial.
Suiza, paraíso de las transnacionales y espacio abierto para una filosofía predominante que promueve la liberación de los mercados, jamás renunció al monopolio de la comercialización de la sal, un sector que el Estado controla desde hace 450 años. Un interesante análisis de 2018 del cotidiano helvético Le Temps comenta que se trata de “uno de los últimos monopolios públicos de Suiza” y que “en la era del comercio globalizado, Suiza conserva una particularidad: el impuesto sobre la sal”.
Dicho artículo además subraya que, aunque el Gobierno suizo rechazó la iniciativa popular para la soberanía alimentaria por considerarla proteccionista, de todos modos “ha mantenido uno de los últimos monopolios públicos en Suiza: la sal”. El mismo se encuentra en manos de la sociedad anónima Salines Suisse SA, constituida en 2014 a partir de la fusión de Salines du Rhin y Saline vaudoise de Bex. Sus accionistas son los 26 cantones suizos (provincias o Estados) y uno de sus vecinos, el Principado de Liechtenstein. Estos accionistas tienen derechos exclusivos para producir y comercializar la sal en el país en virtud de un acuerdo Inter-cantonal de 1973. Salines Suisse produce anualmente unas 650 mil toneladas de sal, con ventas altísimas los últimos años. La gran demanda de sal durante los inviernos de 2020 y 2021 batió varios récords de ventas- unas 630 mil toneladas, máximo histórico para la empresa. Las 370 mil toneladas de sal destinadas al deshielo de rutas fueron las más significativas en la historia suiza. Los beneficios netos correspondientes también fueron jugosos.
La sal no sólo se utiliza para el consumo en la mesa familiar, sino también para descongelar caminos nevados en el invierno alpino (principal mercado), la industria y el sector farmacéutico, de importancia estratégica para la economía del país. Salines Suisse reconoce en su sitio oficial que “la industria química de Basilea pudo desarrollarse gracias a la fábrica de sal del Río Rin” y sostiene que la mayor parte de la sal utilizada en el comercio y la industria se presenta en forma de ácidos y soluciones alcalinas, aunque muchos productos de uso cotidiano, como el jabón, también contienen sal. Y agrega que “en Suiza, la industria transforma cada año unas 100 mil toneladas en una amplia gama de productos”. Desde el vidrio– y los envases en general- hasta el detergente para lavar la ropa, numerosos productos contienen sal.
Cuando sal rima con litio
Dieciséis de los 18 salares más extensos del mundo se ubican en Sudamérica. El mayor, el de Uyuni, en Bolivia, abarca más de 10 mil km². Le siguen el de Atacama, en Chile, y el Coipasa (entre Chile y Bolivia). El Arizaro es el más extenso de Argentina, con mil 600 km², junto con los de Hombre Muerto, Pipanaco y Antofalla, por citar los primeros de la lista de los sudamericanos. Sólo el Salinas Etosha, en Namibia (segundo en extensión a nivel mundial, con cuatro mil 800 km²) y el Salar de Bonneville, en Estados Unidos (con 260 km²), escapan a la supremacía regional cono-sureña.
Significativamente, los salares sudamericanos también representan el 58 por ciento de las reservas mundiales de litio, mineral cada vez más esencial para el desarrollo de numerosas tecnologías “limpias” (ecológicamente hablando), las cuales buscan sustituir parcialmente a los combustibles fósiles. El litio juega un papel fundamental en la producción de celulares, baterías, computadoras y automóviles eléctricos. La reserva sudamericana es más del doble de la de China, hasta ahora la segunda en importancia, y seis veces más grande que la de Australia, tercera en la lista.
Un análisis muy completo intitulado “La gobernanza del litio y el cobre en los países andinos”, publicado en 2020 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pone el dedo en la llaga al analizar a fondo la trascendencia estratégica del litio y los desafíos que les plantea a los países sudamericanos en términos de su extracción y comercialización. El estudio señala que este mineral “está provocando un aumento de la presión extractiva en los países andinos, en los que abundan el cobre y el litio, e impulsando la expansión de la frontera extractiva, algo que tiene amplias consecuencias sociales, económicas y ambientales en estos territorios”. En síntesis, que esa industria minera, con el pretexto de reemplazar los combustibles fósiles- y así combatir el calentamiento global- atenta contra los intereses locales y regionales de asegurar una transición energética ética y justa.
Descifrar el panorama de quiénes controlan la producción del litio sudamericano permite descifrar los grandes intereses transnacionales que están en juego teniendo en cuenta que, según la Agencia Internacional de Energía, la demanda del mineral aumentará 42 veces de aquí al año 2040, particularmente para la fabricación de baterías de autos eléctricos.
A inicios del año pasado, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), publicó un informe sobre la situación legal, económica y geopolítica del litio en la región, teniendo como referencia los países que poseen yacimientos de litio: Bolivia, Argentina, Chile, Perú, México y Brasil.
Según CELAG, Bolivia, Argentina, Chile, México y Perú controlan más del 67 por ciento de los recursos mundiales de litio. Los mismos están concentrados principalmente en Bolivia (21 millones de toneladas (MdT), Argentina (18,3 MdT) y Chile (9,6 MdT).
En cuanto a las grandes empresas que lideran la producción mundial del litio, CELAG enumera las chinas Jiangxi Gangfeng Lithium y Tianqi Lithium (con acciones en SQM, con presencia en Chile y en México); las norteamericanas Albemarle (opera en Chile) y FMC Corporation, y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich). El informe indica también que la Tianqi está ganando presencia y opera junto con la Albemarle la mina más grande del mundo, la Greenbushes en Australia. A SQM, Gangfeng y Albermale se suman Jemse, Orocobre, Toyota Tsuyo y Livent en Argentina. En Brasil, Sigma, AMG, CBL, y en Bolivia, TBA-Boacheng y ASI Systema.
América Latina: del plato de comida diario a nuevos desafíos geo-estratégicos; del consumo y la producción en vertiginoso aumento de la sal a la angurria desmedida de transnacionales y grupos políticos de poder por el control del litio en la reserva mundial más importante de ese mineral. Sal y litio van de la mano, y los excesos de su consumo amenazan no sólo al ser humano (y su salud cotidiana), sino también a la Tierra, su propia vida y su sobrevivencia.
rmh/sf
*Periodista argentino residente en Suiza
