El primero de los caso tuvo lugar en enero de 2021 cuando la prefectura del Bajo Rin dictaminó la detención de una madre guineana y su hijo de siete meses y medio, durante nueve días, antes de ser devuelta a España en aplicación del reglamento llamado «Dublín III».
El alto Tribunal consideró que “teniendo en cuenta la muy corta edad del niño y las condiciones del centro de internamiento” al que fueron enviados, así como la duración de la detención, se vulneró el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos inhumanos y degradantes.
Una violación similar se constató en el caso de una madre angoleña y sus tres hijos de ocho meses, seis y trece años, internados a principios de 2020 primero en el centro de retención administrativa de Metz-Queuleu, en el noreste del país, y después al de Mesnil-Amelot, en la periferia de París, con vistas a su traslado a Portugal, también en el marco de «Dublín III».
En ambos casos, el TEDH constató además violaciones de los artículos 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 5.4 (derecho a una decisión rápida sobre la legalidad de la detención) del Convenio, y apelaron al artículo 39 de su Reglamento, que regula las medidas de urgencia, para exigir y obtener el fin de este tipo de detenciones en Francia.
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