La justicia de Bogotá dictó sentencia máxima contra los hermanos, que rehusaron brindar información para acogerse a beneficios en la pena, confirmó el abogado Francisco Bernate, quien representa a la familia del agente antimafia del Ministerio Público, ultimado en Colombia en mayo, añade la publicación.
Los funcionarios judiciales colombianos –precisó el letrado- no pudieron llegar a un acuerdo con los acusados sobre la llamada “delación premiada”, pero estos recibieron una reducción de la pena por declararse responsables desde la primera audiencia.
“Lo que veo es que (la negociación) no llegó a un feliz término y por eso decidieron la condena. Cerraron la puerta a toda colaboración”, declaró el defensor del fiscal paraguayo, quien trabajó contra traficantes y terroristas para las autoridades de la región.
Según el letrado, aunque los dos sicarios colombianos sancionados se abstuvieron de precisar si actuaban bajo amenazas directas de alguien, “evidentemente el temor es el que no les deja delatar al cerebro del crimen”.
El defensor de la familia Pecci reconoció, no obstante, que la Justicia de Colombia “no está maniatada”, porque hay varias investigaciones en curso.
“La Fiscalía –aseguró Bernate- hizo un trabajo contundente y habrá otras formas de llegar a aquella o aquellas personas que están detrás de este hecho”, aseguró.
El abogado paraguayo celebró que la Justicia del vecino país identificara a nueve personas, de las cuales cuatro ya están condenadas, a menos de un año de la muerte de Pecci víctima de disparos por tiradores profesionales.
La Fiscalía de Colombia imputó en enero a los hermanos Andrés y Ramón Pérez como presuntos implicados en el caso del fiscal paraguayo, asesinado en la isla turística de Barú, frente a Cartagena, el 10 de mayo pasado.
El líder del Ministerio Público, Francisco Barbosa, emplazó entonces a ambos ciudadanos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Por su parte, los acusados Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño fueron condenados el 18 de junio de 2022 a 23 años de prisión, tras ser declarados culpables de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.
Estos cuatro individuos confesaron su culpabilidad, mientras que un quinto acusado, Francisco Luis Correa, se declaró inocente.
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