El movimiento sindical se opuso desde un principio a la reforma jubilatoria y buscó asesoramiento para, dentro de la Constitución, cerrarle los caminos a su implementación.
“Esta reforma recorta derechos, imposibilita que muchas personas no puedan jubilarse y hará que miles de uruguayos y uruguayas tengan que trabajar más años, aportar más y cobrar menos jubilación”, consigna a su vez una declaración del Frente Amplio.
Considera que la ley resuelve los problemas de financiamiento del sistema de seguridad social y carga los costos solamente sobre la espalda de trabajadores. Y agrega: “La reforma que se aprobó es negativa e injusta, fue resuelta de espaldas a la gente, tuvo cientos de modificaciones sin discusión y sin respaldo técnico, fruto de negociaciones políticas entre los partidos de la coalición de gobierno de las que quedaron excluidos el Parlamento, el Frente Amplio y todas las organizaciones sociales”.
El PIT-CNT y el FA podrían analizar la posibilidad de realizar una consulta popular cuya votación “coincidiría con las elecciones nacionales”, pactadas para octubre de 2024.
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