Todos son ejecutivos de la empresa FinFisher y, según la fiscalía, contravinieron las normativas europeas sobre exportación de productos de doble uso, de acuerdo con un comunicado difundido a la prensa.
Las autoridades investigan a la compañía desde 2019, después que varias ONG de derechos humanos denunciaran que el programa de software conocido como FinSpy fuera enmascarado en una página web relacionada en apariencia con la oposición turca.
El software se presentaba como una aplicación móvil normal, pero en segundo plano infectaba el dispositivo de tal forma que ofrecía acceso a la cámara y al micrófono, así como a los contactos almacenados.
Según la fiscalía, el programa fue vendido por FinFisher en 2015 a los servicios secretos turcos por 5,04 millones de euros a través de una empresa intermediaria con sede en Bulgaria.
FinFisher, que se declaró insolvente el pasado año, era una compañía germano-británica considerada hasta entonces una de las líderes a nivel mundial en el desarrollo de software de espionaje de uso comercial.
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