Al abordar la situación del sector frente a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), Gil precisó que al país le urge enfrentar el déficit en las producciones agrícolas, las cuales disminuyeron de manera sistemática en los últimos años.
Sin producción agropecuaria no puede haber control de los precios, subrayó Gil, y puso como ejemplo lo sucedido con el programa porcino, que en 2017 entregó a la industria casi 200 mil toneladas de carne de cerdo, mientras en 2022 solo alcanzó a generar 16 mil toneladas, de las cuales a la industria fueron alrededor de cinco.
El mayor impacto estuvo en la disminución drástica de las importaciones de alimentos, pero la solución no puede depender de la entrada de un barco, subrayó, y explicó que se trabaja para conectar la producción con la venta en divisas, para que genere ingresos que le permitan desarrollarse.
Remarcó igualmente la necesidad de que la canasta familiar normada, que anualmente cuesta entre mil 500 y mil 600 millones de dólares, deje de sustentarse sobre la importación y tenga una mayor participación de renglones nacionales.
En ello la producción local de alimentos es determinante, agregó, y convocó a trabajar con realismo y sentido de la urgencia.
El vice primer ministro también abordó la situación de la inflación, que al cierre de abril era de un 45,4 por ciento con relación a igual periodo del año anterior.
Tiene varias causas, algunas externas como la subida de los precios en el mercado internacional, contra las cuales no podemos hacer nada, detalló.
Sin embargo, la ineficiencia productiva y los bajos rendimientos de nuestra economía son asuntos que podemos solucionar, así como la especulación de diversos actores, que aprovechan el déficit de oferta para vender un producto a tres o cuatro veces su valor de adquisición, apuntó.
Comentó al respecto que hasta la fecha en el país se aprobaron ocho mil 12 nuevos actores económicos, de ellos más de siete mil micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cuya tendencia mayor ha sido a la compra y venta de bienes finales, no de materias primas para producir en la isla.
Acotó que este es un asunto para analizar y revisar, pues al cierre de abril solo estas formas de gestión habían importado bienes por valor de 166,6 millones de dólares.
No obstante, alertó que tener una licencia de este tipo no es una patente de corso para operar como deseen, pues las regulaciones establecidas en la nación caribeñas funcionan para todos los actores de la economía.
No puede haber ganancia lucrativa excesiva, dijo, y es una responsabilidad que tenemos de enfrentarlo y exigirles las fichas de costo y la responsabilidad social.
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