En la última jornada del XV Congreso de la Confederación se aprobó la iniciativa, a propuesta de la española Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, señaló el ministro de Relaciones Exteriores en Twitter.
El texto denunció que esa denominación por parte de Washington implica un claro perjuicio no solo para la población cubana, sino también para aquellos trabajadores europeos que prestan servicio en empresas con actividad en el país caribeño.
“La inclusión de Cuba en el mencionado listado implica fuertes restricciones económicas, como limitaciones para el intercambio comercial o el acceso a financiación internacionales, entre otras medidas coercitivas que afectan a la economía cubana y a las condiciones de vida de su población”, detalló la resolución.
Además, -subrayó- dichas limitaciones afectan seriamente a la posibilidad de promover políticas de cooperación internacional al desarrollo en la isla, incluyendo el apoyo a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.
Resaltó asimismo que este tipo de sanciones económicas unilaterales contra Cuba, que carecen del apoyo internacional, tal como demuestran las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, no producen los efectos proclamados por sus impulsores y solo sirven para mantener el statu quo y deteriorar aun más la economía y las condiciones de vida en la isla.
La resolución, que contó con el apoyo de varias organizaciones sindicales del denominado viejo continente, implica un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que rechacen este tipo de políticas contra La Habana.
Destacó también que la decisión del Gobierno de Estados Unidos afectan directamente a las posibilidades de que la UE, así como su sociedad civil (incluyendo el movimiento sindical), continúen trabajando con los diferentes sectores de la sociedad cubana para el desarrollo de sociedades prosperas, con justicia social y democráticas.
mgt/mpp
