La reforma también está pensada para poder confiscar propiedades quienes eluden las sanciones de la UE.
Fijada la posición de los 27 el Consejo Europeo podrá abrir negociaciones con el Parlamento Europeo para avanzar en las nuevas normas que se podrán aplicar en casos de violación de las restricciones.
Con ello, los que se lucran con negocios con personas o empresas incluidas en las listas de sancionados por la UE se expondrán a la confiscación de bienes, algo que también se podrá aplicar contra traficantes de seres humanos o los carteles de la droga.
Para salvar las dificultades de la confiscación de propiedades, por la complejidad en ocasiones de demostrar el vínculo con el criminal, la reforma contempla la incautación de bienes de origen no identificado siempre que un tribunal dicte que hay relación con un crimen.
Igualmente, las nuevas reglas también incluirán la obligación para los Estados miembros de garantizar que las administraciones que se ocupan de rastrear, congelar y administrar el dinero delictivo cuenten con personal cualificado y recursos financieros suficientes.
También se prevé dotar de más competencias a las oficinas de recuperación de activos con el objetivo de que las administraciones nacionales tengan los instrumentos necesarios para rastrear el dinero con raíces delictivas.
Además, se fomentará la cooperación transfronteriza de estos departamentos y se deberá mejorar el intercambio de información y las autoridades deberán asegurar que estas oficinas tienen un acceso directo e inmediato a las bases de datos y registros nacionales relevantes.
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