El siniestro que cobró La vida de 79 personas, involucró a un pesquero que realizaba una travesía de Libia e Italia. Tras conocerse el accidente varias ONG criticaron la política migratoria de la Unión Europea (UE) en tanto que el bloque responsabilizó de la catástrofe a las redes criminales.
De su lado la directora de programa del Comité Internacional de Rescate (IRC) en Grecia, Eftychia Georgiadi, denunció el fracaso de la UE en desarrollar vías legales de migración y dijo que la situación actual cierra la puerta a personas que buscan protección.
Yves Pascouau, experto en temas migratorios, opinó que los naufragios son “los efectos de las medidas y acciones en marcha desde la crisis migratoria de 2015-2016 y de la construcción de un espacio protegido del resto del mundo”.
La falta de una política común de asilo dentro del bloque comunitario es un hecho reconocido por los altos cargos del mecanismo comunitario; aún así el problema sigue sin solución.
Los estados de la UE centran su atención en el control de las fronteras exteriores, con un aumento en particular de los recursos destinados a la agencia Frontex (guardia fronteriza europea), y en la expulsión de personas en situación irregular, dijo Pascouau a la prensa.
Frente al naufragio que dejó cientos de muertos y desaparecidos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en un tuit su profunda tristeza; mientras el titular del Ejecutivo, Charles Michel, denunció “el negocio sin escrúpulos de los traficantes de personas”.
De su lado la comisaria de Interior, Ylva Johansson, pidió redoblar esfuerzos para luchar contra las redes criminales, en cooperación con los países de salida de los inmigrantes.
El desastre ocurrió pocos días después de una reunión en que ministros del Interior de la UE discutieron una reforma del sistema de asilo, que prevé la instalación de centros de acogida en los países situados en las fronteras del bloque de 27 miembros.
La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 un Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete de reformas que espera adoptar en 2024, que prevé una solidaridad obligatoria pero flexible entre los países en el cuidado de los demandantes de asilo.
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