La noticia fue difundida por el diario británico The Guardian y otros medios regionales y de inmediato recibió el rechazo de la Federación Europea de Periodistas (EFJ), que reúne a más de 300 mil profesionales de 45 países, y la calificó como peligrosa porque “atenta contra la libertad de prensa”.
“Es un golpe a la libertad de los medios (…) pondría a los periodistas en un riesgo aún mayor de lo que ya están”, aseguraron.
De concretarse la normativa, según la fuente, autorizaría a los gobiernos nacionales a instalar un software en los teléfonos de esos profesionales de la información para tener una copia de sus movimientos.
Hasta ahora solo se habla de un borrador del documento, pero algunos eurodiputados ya mostraron su descontento ante el anuncio.
Creo que es inaceptable e incomprensible (…) si se toma en serio la democracia, dijo la eurodiputada neerlandesa Sophie in’t Veld, que supervisó la investigación del parlamento europeo, según medios locales.
El diario británico The Times responsabilizó de la propuesta a Francia, país que criticó en Bruselas lo que definió como “exorbitante inmunidad” de los fuentes periodísticas y justificó la intrusión en los medios por “un requisito de interés público”
De acuerdo con la fuente las delegaciones reunidas en la sede del mecanismo regional acordaron el miércoles que se podría instalar un software espía en la computadora o teléfono de un periodista que trabaje en la UE como parte de cualquier investigación criminal que abarque desde el terrorismo hasta la piratería.
La delegación francesa argumentó que la medida era “esencial para lograr un equilibrio justo entre la protección de la confidencialidad de las fuentes y la necesidad de proteger a los ciudadanos y al Estado contra amenazas graves, sean quienes sean los perpetradores”.
Ante el revuelo que causó la normativa, la UE introdujo cambios en los términos y ahora “spyware” se denomina en la legislación “software de vigilancia intrusiva”.
Además, como parte de la exención a la regla general de respeto a la privacidad, el alcance de los delitos definidos como graves se ampliará más allá del terrorismo o las amenazas a la seguridad nacional para incluir los 32 acciones enumeradas en la orden de detención de la UE.
Los cambios fueron respaldados por Alemania, los Países Bajos y Grecia entre otros países.
Esos delitos van desde asesinato o violencia grave hasta robo, piratería de música o vídeo, reclamaciones fraudulentas de financiación de Bruselas y cualquier acción que pueda acarrear una pena de prisión de cinco años.
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