A Ávila se le señalaba de vulnerar el derecho de los padres a formar a sus hijos, sobre todo por los programas de educación sexual que promueve esa cartera, sin embargo, varios políticos advirtieron sobre la falta de argumentación jurídica para el juicio político.
«Lo he señalado desde un principio. Estoy convencido de que nunca he infringido las leyes ni la Constitución», dijo Ávila en declaraciones a la prensa luego de la votación.
El titular invitó a todos los sectores a trabajar de conjunto para abordar los desafíos del sistema de enseñanza.
«Mi llamado hoy día es a cuidar el trato en el mundo político. A respetarnos más allá de las diferencias. A no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales», dijo el titular.
Varios funcionarios y legisladores advirtieron que la acusación estaba más bien motivada por la homofobia de algunos sectores, debido a la orientación sexual del ministro.
Dos diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente, Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente, aludieron a la homosexualidad de Ávila cuando preparaban la acusación en su contra.
A esto se sumaron las declaraciones ofensivas contra el funcionario pronunciadas por la diputada María Luisa Cordero, de Renovación Nacional, y la directora del Observatorio Legislativo Cristiano e impulsora del denominado “Bus de la Libertad”, Marcela Aranda.
La Fundación Iguales, que trabaja por la inclusión social de la diversidad sexual, recordó que desde hace más de medio siglo el Estado chileno promueve la educación sexual como parte del aprendizaje, y Ávila no ha hecho más que seguir la línea de sus antecesores.
A pesar de estos avances, por primera vez en la historia se promueve una acusación sin base jurídica, lo cual muestra la persecución indignante contra el ministro, afirma la organización. Denunció la fundación que hechos como estos no solo representan un retroceso, sino que instalan la idea de que las personas LGBTQ+ no son idóneas para ciertos trabajos, lo cual es claramente un acto discriminatorio.
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