En los debates de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, realizados como antesala del primer periodo ordinario de sesiones de la ANPP en su X Legislatura, la fiscal general de la República, Yamila Peña, subrayó que las leyes penales aprobadas recientemente dotaron a su órgano de herramientas legales que le permiten el enfrentamiento a la actividad delictiva con novedosas instituciones y alternativas.
Peña explicó que la Fiscalía está inmersa en un proceso de preparación permanente, durante el cual se trabaja en el desarrollo de la labor metodológica y en el diseño e implementación de sistemas de acciones para continuar el perfeccionamiento de los procesos penales en el órgano.
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Añadió que se retomó a nivel nacional la reunión conjunta de la Fiscalía y el Ministerio del Interior (Minint) para evaluar la situación del delito, el enfrentamiento y la política penal y penitenciaria.
La funcionaria reveló que hasta junio pasado los fiscales realizaron 53 mil 613 controles a los procesos penales durante su tramitación y se efectuaron 10 mil 537 entrevistas a imputados para decidir la medida cautelar de prisión provisional.
Resaltó que en este semestre la Fiscalía General de la República realizó precisiones a la política penal y penitenciaria, dirigidas a la actuación con severidad en el enfrentamiento al delito, mediante el trabajo coordinado con los órganos especializados del Minint.
Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, destacó que la Constitución de la República reforzó el régimen de derechos y garantías de las personas naturales y jurídicas, en especial en los procesos penales.
Comentó que existe un incremento notable de hechos de corrupción en la isla y ante este panorama fue implementada la Instrucción no.273 de 2022, dirigida a enfrentar delitos asociados a la corrupción administrativa, contra la economía nacional y el tráfico de drogas.
También abarca el hurto, robo y sacrificio del ganado mayor, las actividades especulativas, evasión de impuestos, tráfico de divisas, sustracción de bienes y la violencia de género, familiar o hacia personas en situación de vulnerabilidad.
Indicó que se imponen medidas cautelares de rigor, preferentemente la de prisión provisional, a personas reincidentes y multireincidentes, así como a primarios comisores de hechos de gran lesividad social.
También, precisó, se toman decisiones individualizadas en correspondencia con el caso en concreto y se respetan los derechos y garantías reconocidas en la Carta Magna.
Remigio aseguró que en general se cumple con la política penal y penitenciaria establecida, manteniéndose un sistemático monitoreo por los sistemas de gestión y calidad instituidos.
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