Por amplia mayoría, los integrantes del TC concluyeron que la normativa se apega a la Constitución vigente, por lo cual no existe razón para modificar el texto aprobado por el Congreso Nacional el pasado 16 de mayo.
De esta manera, los ministros del tribunal desestimaron los reclamos del gran empresariado, representado en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que impugnó la iniciativa bajo el alegato de supuestas violaciones a la carta magna.
La ley amplía las multas y privación de libertad para los delitos bancarios, tributarios, la malversación de caudales públicos o el lavado de activos.
Dirigida al combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito, esta legislación se aplicará no solo a empresas, sino también a entidades religiosas, partidos políticos, sociedades y universidades del Estado.
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