Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefe de Prensa Latina en República Dominicana
Semana tras semana la prensa local recoge historias desgarradoras de muertes violentas por razones de género.
La alta cifra pone en jaque a las autoridades que enfrentan, en el orden social, uno de sus principales retos.
No es que el actual gobierno o los anteriores, fueran indiferentes a esos lamentables sucesos, acompañados de la orfandad de la niñez y traumas familiares. Los números corroboran que las políticas públicas actuales son insuficientes para detener los homicidios contra mujeres en el ámbito doméstico o laboral.
República Dominicana, que comparte con Haití la caribeña isla La Española, posee una población de 11 millones 270 mil 827 habitantes. Los hombres representan alrededor del 52 por ciento y el resto, mujeres.
Para entender porqué tantas féminas son asesinadas en este país, hay que analizar, más que los hechos en sí, las causas de un fenómeno preocupante para la sociedad, el gobierno, y sobre todo para el Ministerio de la Mujer y organizaciones defensoras de la igualdad de género.
Uno de los índices que arrojan luz sobre las raíces de la desmedida violencia hay que buscarlas, según esas fuentes, en la situación socio-económica de la población.
Esta nación muestra una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe en la última década, impulsada por los servicios. El Producto Interno Bruto se recuperó (creció 4,9 por ciento promedio) tras la pandemia de la Covid-19, al compás del alza del turismo, su principal fuente de ingresos.
Sin embargo, no todos los sectores sociales progresan por igual y ni siquiera mejoran sus condiciones de vida.
El boletín de Pobreza Monetaria emitido en 2022 por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo destacó que el porcentaje de mujeres en esa condición es de 29.37 por ciento, cuatro puntos por encima de los hombres, de 25.84 por ciento, lo cual trae como consecuencia sean consideradas figuras sociales inferiores.
Así lo demuestran las brechas injustificadas en los salarios, la segmentación ocupacional en actividades peor pagadas, vidas laborales cortas y mayor desempleo.
La realidad demuestra que la parte masculina de la sociedad dominicana no ve como iguales a su contraparte femenina, de la cual abusa también en el hogar. No en pocos casos ellos ordenan y ellas obedecen.
En el país existe un arraigado machismo, sustentado en la creencia de la superioridad masculina; los roles de género tradicionales se mantienen y asignan a ellas un papel de sumisión y dependencia, a las cuales relegan a tareas hogareñas y hay una cultura de la intimidación.
Además, la impunidad rodea a estos crímenes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el pasado año solo 16 por ciento de los casos de feminicidios pasaron a la justicia, aunque solo cinco por ciento de los agresores recibió condena.
La Fundación Vida sin Violencia exhortó al actual gobierno a revisar las políticas públicas e implantar campañas que fomenten una masculinidad respetuosa y pondere desde la infancia los valores de igualdad y derechos.
Un estudio de la Institución Global Democracia y Desarrollo demuestra que en 43,6 por ciento de los asesinatos cometidos de 2016 a 2022, la víctima ya estaba separada del provocador y lo había denunciado por acoso ante las autoridades.
Analistas coinciden en señalar que arrancar de raíz el problema no es tarea sencilla. Además de fortalecer el sistema de justicia, es primordial que el Estado destine más recursos para prevenir y abordar los actos de fuerza.
Esto incluye el desarrollo de programas de atención integral a las víctimas, la realización de campañas de sensibilización y concienciación, a la vez que fortalecer las instituciones a cargo de velar por la igualdad y protección de ese grupo de la población.
Vida Sin Violencia y otras organizaciones insisten en la urgencia de la aprobación del proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el cual sigue siendo una deuda de los legisladores.
El referido proyecto, presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional a finales del año pasado, establece la tipificación del feminicidio y lo sanciona con condenas que podrán ir de 30 a 40 años, penas que se agravarían cuando el delito se cometa en contra de una niña o adolescente, mayores de 65 años y con algún tipo de discapacidad.
También se define el feminicidio conexo, que es el delito que implica sanciones por las víctimas colaterales que pierdan la vida en el marco de un escenario de agresión, por lo general hijos, madres, familiares cercanos o parte del círculo de apoyo de la afectada directa.
Aunque existe la ley 24-97 sobre violencia de género e intrafamiliar, la vida demuestra que es insuficiente en la disminución de los feminicidios.
Así, la implementación de regulaciones que defiendan los derechos de las mujeres y, sobre todo, la aprobación de una ley que castigue con severidad la muerte violenta por razones de género son obligaciones pendientes.
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