Por estos delitos de lesa humanidad, el tribunal sancionó a 15 años de prisión y un día a Pedro Octavio Espinoza y Jorge Andrade, exmiembros de la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.
Rolf Wenderoth Pozo, Juan Morales Salgado y Gladys Calderón recibieron condenas de 10 años de privación de libertad y otros agentes penas menores por secuestro y complicidad.
El fallo de la Corte desestimó una sentencia previa, que había aplicado la medida de prescripción, y estableció la normativa internacional de derechos humanos que impide extinción de este tipo de delitos.
Dentro de las víctimas se encuentran Manuel Segundo Recabarren, sus hijos Luis Emilio y Manuel Guillermo y su nuera Nalvia Mena, todos militantes comunistas.
Los otros secuestrados y asesinados son Clara Canteros, Alejandro Rodríguez, Daniel Palma, Carlos Enrique Godoy, Iván Insunza, José Eduardo Santander, Mario Jesús Juica, Víctor Hugo Morales, Carlos Vizcarra, Miguel Nazal, Juan Villarroel, Julio Roberto Vega y Eduardo Canteros.
Además de las condenas por estos crímenes, el tribunal ordenó al fisco pagar una indemnización por concepto de daño moral a los familiares.
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