Las pesquisas comenzaron en junio tras descubrirse que la secretaría regional del Ministerio de Vivienda en Antofagasta entregó unos 530 mil dólares a la corporación Democracia Viva, ligada al partido oficialista Revolución Democrática, para supuestamente ayudar a los asentamientos precarios.
Esa fue la punta del iceberg de un escándalo por el que son analizadas ya 37 organizaciones no gubernamentales de 11 regiones y cuyos perfiles comprenden el desarrollo social, atención a comunidades indígenas, cine, deporte, educación, capacitación y formación laboral, entre otros.
No todas las fundaciones son de reciente creación, sino que hay otras que datan del segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, se indaga si estas organizaciones cometieron fraude al fisco, malversación o tráfico de influencias, pero todavía es apresurado hablar de algún tipo de hechos ilícitos.
La cifra total de fondos investigados sigue en evolución, aunque se estiman en cerca de 15 mil millones de pesos (18,7 millones de dólares).
Desde que estalló el escándalo varios funcionarios debieron renunciar, entre ellos la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y la de Cultura, Andrea Gutiérrez, así como tres secretarios regionales ministeriales.
Una comisión parlamentaria creada para el Caso Convenios y presidida por el diputado José Miguel Castro, del partido de derecha Renovación Nacional, definirá la semana próxima quiénes serán citados ante la instancia.
El listado podría comprender hasta 30 personas y se barajan algunos nombres, como la legisladora Catalina Pérez, quien renunció a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados por su relación de pareja con Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva.
Andrade y el exsecretario regional del Ministerio de Vivienda en Antofagasta Carlos Contreras también serían convocados por la comisión.
La lista de “invitados” podría incluir, además, a los ministros de Vivienda, Cultura y Desarrollo Social, subsecretarios, gobernadores regionales, representantes de fundaciones y otros cargos.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo esperar que se realice un trabajo imparcial y juicioso conforme al sentido de la comisión investigadora.
Mientras, la diputada Ericka Ñanco denunció las intenciones de circunscribir el hecho a este Gobierno, cuando en realidad es un problema desatado desde hace bastantes años y que desembocó ahora con Democracia Viva.
“Hemos escuchado durante muchos años casos semejantes y hay que investigarlos todos desde 2015 hasta hoy, según el mandato que tiene la comisión, sin atender a si son nuestros amigos o nuestros adversarios”, expresó, por su parte, la legisladora Mercedes Bulnes.
Pero la saga continúa. Ahora el Diario de Antofagasta acaba de revelar que en 2021, durante el gobierno de Piñera, se le otorgaron vía trato directo 513 millones 128 mil pesos (641 mil dólares) al hotel Altos del Sol.
Ese pertenece al grupo empresarial Korlaet, cuya sociedad está en un tercio controlada por Vania Korlaet, esposa del diputado José Miguel Castro, quien ahora preside la comisión investigadora del Parlamento por el Caso Convenios.
Salpicado también por el escándalo, no se descarta la inhabilitación del legislador para un cargo donde no puede haber conflicto de interés.
Sin dudas, en el transcurso de las investigaciones aparecerán nuevas evidencias, en una historia que todavía está muy lejos de terminar.
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