La normativa establece mecanismos de protección ante posibles represalias o actos vengativos contra personas que alerten de conductas contrarias a la probidad y establece la obligatoriedad de investigar los casos.
También prevé la creación de un nuevo canal digital, administrado por la Contraloría, con la opción de mantener en reserva la identidad del denunciante.
Un estudio realizado en 2020 reveló que solo 32,9 por ciento de las víctimas o testigos de un hecho de corrupción lo denunciaron y la principal razón de esta actitud fue el temor a ser objeto de represalias o amenazas.
“Todo acto de corrupción debilita la democracia y queremos cuidarla”, dijo el presidente en un acto en el Palacio de La Moneda, y admitió que cuando hay mal uso de los recursos públicos se resquebrajan las confianzas y se daña la sociedad en su conjunto.
Varios funcionarios a nivel nacional y regional debieron renunciar a sus cargos en los últimos dos meses, a raíz del conocido Caso Convenios, sobre las irregularidades en la transferencia de fondos estatales hacia fundaciones privadas.
Por este hecho al menos 37 organizaciones no gubernamentales de 11 regiones están siendo investigadas por la Fiscalía.
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