Fuentes y el ministro del máximo tribunal Leopoldo Llanos explicaron ante el Consejo Constituyente, encargado de la redacción de un anteproyecto de carta magna, que acceder a este beneficio violaría acuerdos internacionales firmados por el país.
Precisaron que el Estatuto de Roma, el cual creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, establece en su artículo 110 que el Estado no pondrá en libertad al recluso por estos delitos antes de cumplir la pena.
La intención del extremista Partido Republicano, que tiene el mayor número de escaños en el consejo, es beneficiar a 146 condenados por asesinatos, torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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