En entrevista con la Agencia Cubana de Noticias, el funcionario detalló que con su actuación hostil, la nación norteña limita a la isla el acceso a Internet, el uso de la información, el intercambio y la creación de conocimientos.
“Con ello se viola el derecho de los cubanos a utilizar ese servicio y la necesidad de ampliar y diversificar la conectividad internacional del país, una medida estratégica”, denunció González.
Recalcó que el bloqueo económico, comercial y financiero sigue siendo el principal impedimento para un mejor flujo de información y un amplio acceso a Internet y a las tecnologías de la información y las comunicaciones del pueblo cubano.
Asimismo, denunció el doble rasero con que actúa el Gobierno estadounidense al desarrollar acciones con ese propósito, y a su vez utilizar el ciberespacio con fines subversivos, contra la soberanía y el orden jurídico y constitucional, así como de las normas internacionales, en la pretensión de derrocar el sistema político en la isla.
González recordó que en noviembre de 2022 el Departamento de Justicia estadounidense recomendó a la Comisión Federal de Comunicaciones negar un permiso para la instalación del primer cable de telecomunicaciones submarino entre ambas naciones.
Bajo el falso y absurdo pretexto de que La Habana representa una amenaza de contrainteligencia para Estados Unidos, se impidió entonces al sistema de cables subacuáticos ARCOS-1 USA Inc. incluir a Cuba en esa red, la cual conecta a 24 puntos de aterrizaje en 15 países del continente, detalló el funcionario.
Explicó que al no poderse realizar las interconexiones con los operadores directamente en el territorio norteamericano, donde se encuentran los principales nodos de interconexión, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba está obligada a extender la red con puntos en Reino Unido, Jamaica y Venezuela, lo cual conlleva a ejecutar gastos millonarios.
A pesar de ello, manifestó que la nación caribeña trabaja por ampliar su conectividad conectada a un segundo cable, conocido por Arimao, que se enlaza con Martinica por una estación de aterrizaje en la central provincia de Cienfuegos.
Según el entrevistado, las regulaciones adoptadas por la Casa Blanca para las telecomunicaciones no dan crédito financiero, y tampoco brindan amparo ante la posible incautación de activos cubanos, tanto financieros como en equipamiento, y la interrupción del servicio.
Esta situación -agregó- también obstaculiza el establecimiento de relaciones comerciales entre compañías de una y otra nación.
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