Considerado el proyecto estrella del presidente Emmanuel Macron, quien no pudo materializarlo en su primer quinquenio de gestión (2017-2022), la iniciativa incrementa la edad de jubilación tres meses cada año para los nacidos después del 1 de septiembre de 1961, hasta llegar a su objetivo en 2030.
Esta extensión del momento del retiro fue el punto más rechazado en suelo galo, donde los sindicatos unieron fuerzas para realizar varias movilizaciones multitudinarias y diversos partidos buscaron frenar la ejecución de la reforma mediante mociones de censura en la Asamblea Nacional y recursos legales.
El 15 de abril, Macron promulgó la ley con su entrada en vigor señalada para septiembre.
También hoy desaparecen la mayoría de los regímenes especiales de jubilación en Francia, que permitían dejar de trabajar antes de la edad legal, considerando profesiones que demandan esfuerzos particulares, entre ellas el transporte público, el sector eléctrico y los notarios.
Otros de los aspectos en vigor es la revalorización de algunas pensiones, con la que se beneficiarían unas 200 mil personas cada año, según el Ministerio del Trabajo.
El gobierno esgrimió la necesidad de poner fin a un déficit financiero que amenazaba al sistema de jubilación, criterio que sus detractores calificaron de falso.
Esta semana, líderes de la oposición ratificaron su repudio a la reforma de retiro en un encuentro organizado por el jefe de Estado para tratar de pasar la página y buscar consensos de cara a la cohesión social en un país muy polarizado.
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